Tensión en Mendoza: los motivos detrás de las tomas de terrenos

En los últimos días se produjeron en Mendoza tres intentos de tomas de terreno. E inmediatamente se activaron algunos discursos simplificadores. En general, se tiende a meter en la misma bolsa hechos dispares: las exigencias de organizaciones pro-mapuche en la Patagonia, los avances de algunos grupos en Provincia de Buenos Aires y los reclamos locales. Lo cierto es que el problema es más complejo y si se lo aborda con honestidad intelectual merece un análisis más allá de las frases publicitarias.

Los intentos de toma se produjeron en Guaymallén, Luján y San Rafael. Al llegar la Policía, hubo gases lacrimógenos y balas de goma, por lo que la apropiación de los sitios no se pudo concretar. Todo eso ocurrió, sí. Pero son muchos los militantes que por estas horas se preguntan por qué se generaron esas escenas justo ahora, en coordinación casi perfecta con una fuerte embestida política y mediática contra la Ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic.

"A nosotros nos parece raro que estas tomas -que no fueron masivas- se hayan dado justo ahora, y que hayan generado una condena tan coordinada por parte de algunos políticos", analizó un representante barrial en diálogo con este diario.

Lo evidente, una vez más, es que a poco de dialogar con referentes queda en evidencia que los intentos de toma de los últimos días no fueron la decisión oficial de ningún grupo amplio de organizaciones.

Es que agitar los fantasmas de las tomas genera efectos muy definidos. Por un lado, esquilma al oficialismo en su centro al poner en relieve la distancia ideológica entre Frederic y el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Por otro -y en un plano mendocino- habilita al carrusel de voceros que desfilan proponiéndose como defensores de la clase media frente al "aluvión expropiador" que retratan las noticias.

Datos de Mendoza

Todo lo anterior no significa que no haya una fuerte presión habitacional en la provincia. El Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) viene recabando información al menos desde 2016 y en los 247 barrios populares que hay en Mendoza.

Leer las estadísticas permite conocer quiénes son las personas que se encuentran en situación más desesperada. Entre la gente que habita asentamientos precarios en la provincia, mucha vive en hogares monoparentales. Y en esos hogares, el 91,83% tienen a una mujer como jefa de hogar.

El 91.09% de los habitantes de barrios populares no tiene agua potable

En el contexto de la pandemia, también es interesante ver qué cantidad de personas viven -en promedio- en cada casa. Esa media es de 3,64 habitantes. Obviamente, hay casas con 12 y otras con un solo individuo, y no es raro ver que en un mismo domicilio está la generación de los abuelos, la de los hijos y la de los nietos. No se trata, pues, de áreas en las que sea sencillo aislar, por ejemplo, a un infectado con coronavirus de sus parientes que tengan alguna enfermedad previa.

El agua y las cloacas son otro calvario. En los barrios populares de Mendoza -siempre según el ReNaBaP- el 91,09% de los habitantes no tiene acceso formal al agua potable; y el 99,11% no tiene cloacas. No hace falta irse lejos. En el piedemonte de la Capital estas inequidades se vuelven cristalinas. Alrededor de La Favorita hay unas 2000 familias que desde hace décadas carecen de acceso al agua. Al lado, un conocido complejo privado usa cientos de litros para mantener verde el césped. 

Mujeres jefas de hogar, hacinamiento, falta de agua y de cloacas, entonces. ¿Y el trabajo? En 2016, solo el 11,76% de estos habitantes poseía un empleo en blanco. El resto vivía de changas en albañilería, plomería o tareas domésticas.

La relación no es automática: pobreza no equivale a tomas de terreno. Pero solo los cínicos o los ingenuos dirán que no agudiza los conflictos. Se calcula que hay más de 50.000 mendocinos que sobreviven en las condiciones descriptas más arriba. Si de verdad se pretende resolver el lío, el enfoque no puede quedarse en la arenga punitivista. 

¿Hay salida?

Eliana "Lali" Lucero es Secretaria Nacional de Barrios Populares de la organización La Dignidad e integra la Mesa de Barrios Populares de Mendoza. Y aunque todavía se está recuperando del Covid-19 accedió a charlar con este diario.

"La ausencia estatal y la falta de planificación hacen que hoy, en una sola pieza, lleguen a vivir ocho o nueve personas. Es obvio que eso aumenta la presión sobre terrenos baldíos", reflexionó.

Las organizaciones de Mendoza vienen reclamando que se aplique en la provincia la Ley Nacional 27453, que busca la integración socio urbana de barrios populares y entiende la posesión de un terreno y un techo como un derecho. "El gobierno local no nos da bola -sigue la entrevistada-. Y al final, lo único que se está pidiendo es un pedacito de tierra donde tener un techo, un derecho que figura en la Constitución".

Según Lucero, hay miles de mendocinos dispuestos a pagar por su lote. "No quieren que nadie les regale nada". Pero se encuentran con sus ingresos destrozados, las condiciones de vida en deterioro y enfrente, casi en sus caras, espacios que ellos perciben como yuyales ociosos.  

Para Eliana, como para los integrantes de muchas otras entidades, el antagonismo solo se resolverá con políticas a largo plazo. En ese sentido, son muchos los que están difundiendo un Plan de Desarrollo Humano Integral, que algunos rotulan como un "Plan Marshall criollo" y que vendría a contener -con puestos de trabajo y un ambicioso plan de viviendas populares- la catastrófica situación que dejará la pandemia.

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