Mendoza en el espejo

El asesino de Julieta González se ofendió e inició una demanda porque lo llamaron "femicida"

Andrés Di Césare, condenado por haber matado a la muchacha en 2016, cuestionó publicaciones online de la abogada querellante Carolina Jacky, en las que se lo llamaba "femicida". Presentó una medida frente al Colegio de Abogados de Mendoza y esa entidad abrió un sumario. Fuerte polémica.

Facundo García
Facundo García miércoles, 26 de agosto de 2020 · 15:37 hs
El asesino de Julieta González se ofendió e inició una demanda porque lo llamaron "femicida"
Discusión En las redes, Jacky describió a Di Césare como un "femicida".

De acuerdo con la primera sentencia, Andrés Di Césare (27) mató a Julieta González (21) en la primavera de 2016. Durante el proceso judicial que terminó en una condena de 18 años por homicidio simple, la abogada de la querella, Carolina Jacky, publicó en las redes posteos en los que llamaba "femicida" al acusado. La novedad de esta semana es que el hombre se "ofendió" e inició una medida ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Mendoza por considerar que esos dichos no corresponden a su caso. 

Insólito como suena, el incidente ha levantado revuelo. De hecho, en su momento causó polémica que la sentencia contra Di Césare no incluyera el agravante del femicidio, puesto que el tribunal consideró que "no se encontraba acreditado" un vínculo entre él y la chica. Ahora, en una nueva movida con fuertes resonancias ideológicas, la palabra vuelve al tapete.

El planteo de Di Césare es que Jacky buscó generar "condena social" sobre él, afectando el principio de inocencia. "Y lo sorprendente es que el Colegio de Abogados le dio trámite a este sumario administrativo contra la doctora -opinó en diálogo con MDZ el abogado Carlos Lombardi, que defiende a Jacky-. Con ello le genera un perjuicio a ella y abre curso a una investigación que, en todo caso, debería resolverse en la Justicia Civil".

"Para nosotros este es un planteo medieval" (Carlos Lombardi)

Según Lombardi, Jacky hizo esos comentarios en base a una investigación del Ministerio Público que ella siguió de cerca. "Y ahora nos encontramos con este planteo medieval. Por eso solicitamos que este asunto pase a la sala administrativa de la Suprema Corte de Mendoza, para que allí se la tramite con todas las garantías de las que deben gozar los letrados que se dedican a la defensa de los derechos humanos".

La abogada trans Carolina Jacky.

Un largo debate

Más allá de la reciente presentación en el Colegio de Abogados, el caso Di Césare viene generando acaloradas discusiones desde hace cuatro años. Tras una apelación, la causa por la muerte de Julieta ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia mendocina.

En primera instancia, la defensa no quedó conforme con la condena a 18 años por homicidio simple -ya que entiende que medió el agravante del femicidio- y ahora será tarea de los magistrados del Tribunal Oral Penal, José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo decidir quién tiene la razón. 

Es oportuno aclarar que el concepto de femicidio va más allá del estereotipo de marido-mata-esposa. Se relaciona, de una forma más amplia, con aquellos homicidios en los que median motivos de género. Es decir que, a groso modo, se relaciona con la asimetría de poder que hay en la sociedad entre los varones y las mujeres; o con el ensañamiento de algunos varones hacia otros géneros, lo que deriva en que ciertos seres humanos sean tratados como meros objetos.

Suele citarse como ejemplo el caso Mangeri. Se trata del portero que en 2013 atacó sexualmente y asesinó a Ángeles Rawson (16), una chica que vivía en su edificio. Eran vecinos y él aprovechó la vulnerabilidad de la víctima: en ese caso, se añadió la figura de femicidio -aunque no existía ninguna relación previa entre ella y él- y Mangeri fue condenado a perpetua.

Por estos pagos la perspectiva parece ser otra, al menos en algunas dependencias. El cuerpo de Julieta González fue encontrado el 27 de septiembre de 2016 en un descampado de Cacheuta (Luján). La mataron tras varios días de cautiverio, golpeándola en la cabeza. Tenía los pies y las manos atadas. Pero por ahora, para la Justicia mendocina, no está demostrado que allí haya mediado violencia de género. 

 

 

 

 

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