Cárceles mendocinas: una bomba sanitaria que puede explotar

Cárceles mendocinas: una bomba sanitaria que puede explotar

Si bien hay protocolos que garantizan la salud de los presos, lo cierto es que en los penales hay miles de personas que comparten espacios reducidos. Ahora el desafío es atravesar el pico de la enfermedad sin que el sistema se quiebre, como ocurrió en Italia.

Facundo García

Facundo García

En Mendoza hay unas 5000 personas en la cárcel. Todas habitan un espacio reducido y mantienen un intenso contacto entre sí. Si entra allí el Coronavirus, no tienen dónde escapar. Por eso desde hace varios días circulan advertencias sobre la necesidad de evitar a toda costa que la infección ingrese a los penales: para muchos, eso abriría un escenario extremadamente complicado.

"Estamos ante una población vulnerable, porque en caso de que se produzcan contagios, estas personas no pueden trasladarse a ninguna parte", confirmó a MDZ el Procurador de las personas privadas de la libertad de la provincia, Luis Romero. No es un aviso tirado de los pelos: la semana pasada, la crisis por el COVID-19 obligó a las autoridades italianas a suspender completamente las visitas a los presos. Como resultado, se inició un motín y hubo seis muertos.

La semana pasada, los presos italianos se desesperaron y pidieron que los suelten.

Para esquivar esa posibilidad, la procuración provincial envió un comunicado a las autoridades requiriendo que se garantice la ventilación de los ambientes, así como el acceso a agua, jabón, lavandina y alcohol en gel para las personas detenidas, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. "Hay que tener en cuenta que estas personas reciben a las visitas y eso incrementa el riesgo. De ahí este pedido para que se tomen recaudos, de forma que los detenidos puedan ver a sus allegados pero manteniendo condiciones sanitarias".

Encerrados

Si el Coronavirus ingresara a una cárcel, los resultados podrían ser críticos. "Con un solo enfermo, nos veríamos ante el desafío de contener los contagios. Tomemos Almafuerte I: ahí hay más de mil detenidos, muchos de los cuales comparten celda. A eso se le suman los familiares, los guardias, los abogados y los jueces. Un infectado pondría en riesgo a 1800 personas".

Romero insiste en que para evitar ese panorama sería razonable "establecer limitaciones en el régimen de contactos, y que las visitas no sean masivas, de todo el grupo familiar, sino de miembros que se vayan turnando".

El inconveniente se agranda si toma en consideración que muchas instalaciones carcelarias no fueron diseñadas para ese fin, y por ende no disponen de espacios preparados para marcos de tensión como el actual. Una de las unidades de mujeres, por ejemplo, era un convento. Y aunque ya no se dan las situaciones de hacinamiento que se denunciaban hace unos años, sí es cierto que en Almafuerte I hay celdas con hasta cuatro camas, lo que de por sí significa un factor de peligro para la salud de la comunidad.

Igual, el pánico y la irresponsabilidad son dos extremos a evitar. En Provincia de Buenos Aires, donde la superpoblación supera el 100 por ciento -24.000 plazas para 45.700 internos- ya se endurecieron los controles de ingreso y hasta se solicitó que se facilite la domiciliaria para los presos de riesgo, esto es, mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y pacientes con enfermedades como el HIV y la diabetes. Mendoza está lejos de ese estado de alarma, pero no hay margen para distracciones.

En algunas cárceles bonaerenses, las detenidas decidieron suspender las visitas.

Los otros detenidos

Además de los 5000 detenidos en las cárceles, existen en Mendoza unas 800 personas que cumplen domiciliaria o están bajo un régimen de semilibertad. Hay que sumar, además, a decenas de  jóvenes que están judicializados y encerrados, más toda la población de abuelos que habita en los geriátricos. Para este amplio espectro de personas, las semanas que vienen serán un punto de clivaje entre la salud o la vulnerabilidad.


 

 

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