Se complicó la situación de los jueces y fiscales

Luis Miret, Rolando Carrizo, Gabriel Guzzo y Guillermo Max Petra Recabarren pasaron de estar acusados de omitir denunciar e investigar desapariciones y torturas, a ser considerados partícipes necesarios de los delitos de lesa humanidad. En el debate de ayer, la querella y el fiscal Jorge Auat, a cargo de la Unidad de Coordinación, cambiaron la calificación de la figura penal, la que tiene como pena la máxima condena, prisión perpetua.

Para Pablo Salinas, representante de las víctimas, “fue el día más importante de todo el juicio por el giro que tuvo el debate”.

De esta forma, los jueces y fiscales quedaron al mismo nivel que los integrantes de las fuerzas de seguridad que idearon el plan sistemático de persecución política y tortura.

Cabe destacar que el ex juez Otilio Romano, que en ese momento se desempeñaba como fiscal, había llegado al debate con esa acusación.

Respecto del planteo que había realizado al Tribunal de ejercer su propia defensa, le fue denegada esa posibilidad.

Pedido de detención

Al cambiar la caratula de la imputación la querella solicitó la detención de los magistrados. Pero no contó con la aprobación del Tribunal, porque los magistrados desestimaron la posibilidad de fuga de los acusados.

Entendieron que se presentaron a todas las audiencias y que colaboraron con la justicia en la prosecución del debate de lesa humanidad.