Pyme Vip: Bento asegura que la causa judicial no está "cajoneada"

“No puede decirse que una causa que tiene cinco detenidos esté cajoneada”. Las palabras pertenecen al Juez Federal, Walter Bento, quien detalló el estado de situación de la investigación judicial que se lleva adelante por el prostíbulo denominado Pyme VIP ubicado en la Ciudad de Mendoza. El mismo fue allanado el año pasado rescatándose a 15 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente.

El magistrado se mostró molesto por las acusaciones en su contra respecto a dejar que la causa prescriba —dato que publicó ayer MDZ sobre la base de fuentes judiciales—, aclaró que el expediente en curso tiene 16 cuerpos y más de 3 mil fojas y aseguró que se encuentra en la etapa final de la investigación.

Bento aseguró que la  fue “injuriosa”, aunque no dio precisiones respecto a qué parte de la misma le pareció inexacta (baste decir que en ese artículo nunca se habló de "cajoneo" del expediente).

Al mismo tiempo, pidió a una de las abogadas (quien prefirió resguardar su identidad), que encabeza el equipo que ha trabajado en el caso, que diera detalles de la investigación a la fecha.

De acuerdo con los datos oficiales vertidos por personal de Tribunales Federales, la primera información que disparó la investigación del burdel ubicado en 25 de mayo al 1.114 en Ciudad de Mendoza se recibió en febrero de 2013.

Entre el 30 de abril y el 1 de mayo del mismo año se procedió a allanar diez domicilios de las presuntas personas involucradas en el caso, secuestrándose cinco vehículos y detuviéndose a siete personas sospechosas, tal cual publicó MDZ en su nota de ayer.

Además se incautó numerosa cantidad de documentación. Los procedimientos se concretaron en casas de la Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y Godoy Cruz.

A propósito, MDZ Online pudo observar uno de los armarios del tercer piso de Tribunales Federales en donde se almacenan desde tickets de supermercados hasta carpetas con información detallada de las mujeres que trabajaban en ese prostíbulo.

“Como éste tenemos, al menos, dos armarios más completos en el Tribunal”, añadió la fuente consultada.

Tras los allanamientos, se imputó y procesó a once personas. Según el detalle del propio Bento, el 1 de mayo del año pasado quedaron imputados:

1. dueño del prostíbulo (Sebastián Solé),
2. su esposa (Nadia Gisela Haro Selis),
3. su “mano derecha” o gerente (Cristian Alfredo Prado),
4. encargado del local,
5. la secretaria,
6. médico ginecólogo (Osvaldo Ramón Pastorino),
7. inspector de la Municipalidad de Mendoza (Raúl Cuquejo)
8. supuesto informante, colaborador y esposo de una de las mujeres víctimas
9. dueño de la propiedad
10. encargado de la Seguridad del Pyme Vip
11. encargado de la Seguridad del Pyme Vip

Desde el 4 de julio del mismo año, Bento decidió el procesamiento de las personas indicadas -cuya identidad se preserva por estar el caso bajo secreto de sumario-.

Asimismo, “desde la fecha de su imputación hasta el procesamiento, estos once imputados fueron recibidos unas tres veces ante el Tribunal en declaración indagatoria”, aclararon. Ello significó tres pasos: declaración indagatoria, ampliación de la imputación y ampliación de la declaración indagatoria.

“Se recibieron numerosos informes de diversos organismos y declaraciones de testigos. La resolución por la cual se procesó a estos encartados posee más de cien fojas”, puntualizaron en conversación con MDZ Online.

A fines de 2.013 se procesó al jefe de Seguridad de Pyme Vip (en octubre) y a dos policías federales (en diciembre de 2.013 y febrero de 2.014 respectivamente) -sus identidades no se revelan porque la causa está bajo secreto de sumario-.

Bajo este panorama, Bento dejó en claro que desde el pasado 1 de mayo de 2.013 y a la fecha hay cinco personas detenidas y dos excarceladas, coincidiendo con lo publicado por este diario este lunes.

“Una causa con cinco detenidos es imposible decir que esté cajoneada”, se defendió Bento, aún cuando MDZ nunca sostuvo esa afirmación.

Los liberados

Haro, la esposa de Solé, quedó libre bajo caución de 20 mil pesos luego de la falta de mérito en relación al delito de trata de personas mientras que Pastorino, el médico ginecólogo sospechado por prácticas de aborto, fue excarcelado bajo caución de 100 mil pesos el pasado 25 de septiembre de 2013.

“Esta fue decisión de la Cámara (de Apelaciones) y no del juez Bento”, se apresuraron en aclarar desde Tribunales Federales.

Megacausa

La investigación no terminá -sólo- en el delito de trata de personas con fines de explotación sexual sino que también incluye lavado de dinero. A propósito, debe recordarse que al dueño del negocio clandestino (Solé) le encontraron casi dos millones de pesos.

“En el Tribunal es una de las primeras causas por lavado de dinero en la provincia de manera que todo es muy nuevo pero, sin embargo, el tiempo nos ha apremiado y hemos trabajado mucho y con mucho esfuerzo para lograr cada paso en la investigación”, aseguraron desde los Tribunales Federales y refirieron que otros organismos competentes como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, Ministerio Público Fiscal) o la Unidad de Información Financiera (UIF) no han remitido informes correspondientes a la causa.

¿Existe conexión con funcionarios de la muni de Capital?

Al consultar por la conexión que existiría entre esta causa y los funcionarios de la Municipalidad de Mendoza, aseveraron que no hay elementos de prueba que permitan hacer avanzar la investigación en esa rama, aún cuando existe un documento que demuestra que Carlos De Pasquale, director de Comercio e Inspección General de la comuna, hizo caso omiso a un pedido del Ministerio de Justicia de la Nación en el año 2012.

Por si alguien abriga alguna duda al respecto, el trámite llegó a ingresarse al sistema informático municipal bajo número 1045.

Las mismas fuentes judiciales recordaron el pedido del concejal Guillermo Mosso (PD) de constituirse en querellante en la investigación y postularon: “No hicimos lugar a ese requerimiento porque no nos pareció ya que venía por parte de un partido político, oficiamos a la Municipalidad, recabamos la información necesaria y hasta ahora no hay elementos de prueba”, sostuvieron.

“Sin elementos de prueba, no podemos avanzar en el proceso”, concluyeron.

Finalmente, respecto a la elevación de la causa a juicio oral explicaron que está pendiente y que es un trámite que tiene sus plazos acordes con una investigación de tamaño volumen.