Transparencia: las ganancias del juego público deben volver al Estado
El juego oficial, se sabe, debe servir para generar recursos para programas sociales. Si nos atenemos al presupuesto, este año el Instituto de juegos habrá girado al casino unos 138 millones de pesos. Esa suma podría crecer en unos 50 millones de pesos anuales si se gestiona correctamente al organismo. Pero cuando ingresan los intereses privados, que en general son diferentes al de “asistir a los pobres”, es cuando los objetivos se desvirtúan o, como en este caso, aparecen sospechas de favoritismo, cuando no de corrupción.
¿Por qué el juego debe ser estatal? Porque ya hay demasiados casinos privados en Mendoza. Se trata de una actividad de alto riesgo de salud mental de la población a causa de la ludopatía, y que facilitan actividades como el lavado de dinero o aun la prostitución y la trata de personas, como hemos visto. La presencia de un casino 100 % estatal debe actuar como moderadora y reguladora de la actividad.
La presencia estatal disminuye varias de las calamidades del juego y a su vez le da importantes sumas de dinero que retornan a la comunidad, si hay transparencia y buena gestión.
No es tan caro volver el juego al Estado: una máquina tragamonedas cuesta alrededor de 4.500 a 15.000 dólares según el tipo de fabricación. A cambio oficial de $ 5,20 aproximadamente, hablamos de comprar unas 200 máquinas por año con la ganancia de un trimestre de los privados. Y con una recuperación de la inversión rápida y segura. Mientras todo esto ocurre, en paralelo se deben investigar a fondo las observaciones vinculadas al contrato vigente: si es perjudicial o no para la provincia la firma del contrato del canon de un 47 %, si éste contrato se hizo para beneficiar a un privado ex profeso, si se hizo sin licitación por la misma razón, y todas las cuestiones relacionadas de modo de despejar dudas, porque hay mucha gente involucrada.
Claro que la decisión más allá de los dictámenes, siempre será política. Ése es el carácter de retornar la gestión del juego del casino a órbitas del Estado. Lo que está en juego es la definición sobre si las altísimas rentas del juego quedarán plenamente en manos del estado provincial para ser destinados a planes sociales específicos.
De la misma manera el gobierno debe observar con mucho cuidado el esquema tributario de los casinos privados. El año pasado se supo que un cambio de encuadre de los que alquilan máquinas tragamonedas al Estado favoreció a Cristóbal López en casi trece millones de pesos en perjuicio de la AFIP, pero en beneficio de la recaudación provincial. Claro que ello no fue lineal: los casinos de Mendoza y las empresas que explotan juego no pagan Ingresos Brutos. Tienen una tasa del 20 % sobre la utilidad bruta, es decir, lo que se juega menos lo que se paga. Por lo tanto no necesariamente pagan cuando a la banca le va mal. Habrá que revisar esto.
Un dato más, se sabe que en la Agencia de Recaudación planean controlar en serio las declaraciones de utilidades de los casinos sin depender de sus propias declaraciones juradas; una forma más de empezar a sacar los zorros del gallinero.