El nuevo plan contra el trabajo en negro del Gobierno

El nuevo anuncio del Gobierno para acompañar los cambios que viene impulsado, como la mejora en las Ganancias, la recategorización del monotributo y la ampliación de las líneas de crédito, contempla el lanzamiento de una serie de medidas para luchar en contra del trabajo en negro, una situación que afecta a uno de cada tres empleados.

Carlos Tomada, el ministro de Trabajo, convocó a los representantes gremiales y empresarios que integran la comisión de trabajo no registrado para que se reúnan el jueves próximo.

Según adelantaron fuentes oficiales, el eje de la reunión pasará por la definición de dos medidas claves para la reforma: la creación de una suerte de “veraz laboral” que incorporará a los empleadores que incumplan con el registro de sus empleados y la implementación de un nuevo régimen simplificado para microempresas, con el cual el Ejecutivo aspira a blanquear un millón de trabajadores informales.

Desde el ámbito sindical, las principales quejas se orientaron al efecto del nuevo régimen simplificado para micropymes sobre los aportes a las obras sociales administradas. Al respecto, fuentes de la cartera laboral aseguraron que el esquema garantiza el actual nivel de aportes del 9% a las prestadoras administradas por los gremios.

“No se afectan los derechos de los trabajadores que mantendrán sus actuales prestaciones en materia de seguridad social”, indicaron desde Trabajo.

El nuevo régimen de pago único beneficiará a todas las microempresas que posean entre 3 y 5 empleados, estén o no registrados, y el acceso estará limitado por el nivel de facturación de la firma y por un tope salarial de $ 6000, equivalente al valor de 1,8 salarios mínimo, vital y móvil.

El límite de facturación es uno de los ejes de la discusión con el sector empresario, junto con el futuro registro de empleadores infractores o veraz laboral, con el cual el Gobierno se propone aumentar la sanción para aquellas firmas que reincidan en la contratación de personal en forma irregular y a la par potenciar la condena social como forma de disuasión del fraude laboral.

Según la propuesta oficial, al registro serán incorporados los empleadores sancionados por infracciones vinculadas a situaciones de informalidad o empleo infantil, quienes permanecerán inhabilitados para operar o acceder a cualquier tipo de beneficio fiscal hasta que regularicen la situación y paguen las multas adeudadas.

El Gobierno apuró las negociaciones para definir el paquete de medidas después de que los últimos datos oficiales difundidos por el Indec a mediados de septiembre marcaron un nuevo repunte en los niveles de informalidad laboral, que al culminar el segundo trimestre del año alcanzaba al 34,5% de los asalariados, exactamente el mismo nivel registrado en igual trimestre de 2012, a pesar de que durante ese período la economía experimentó un crecimiento cercano al 5%, de acuerdo con el organismo estadístico oficial.