El Registro Civil en la mira por contratos para hijos de funcionarios
Tanto la hija de la directora, Olga Videla, como la de su secretaria fueron contratadas en la repartición con un vínculo cuyo monto es superior al del resto de los trabajadores, que en la mayoría trabajan en la modalidad de locación de servicios. Además, hay dudas por el nombramiento de un oficial Público.
Los 1.280 pesos que cobra la mayoría de los trabajadores del Registro Civil, y por el que además deben pagar el correspondiente monotributo, parecieron no ser del todo apetecible para las hijas de la directora del organismo, Olga Clara Videla y la de su secretaria, Carmen Flores, quienes decidieron acompañar a sus madres en la tarea de gestión y fueron beneficiadas con un contrato un tanto superior al del resto de los trabajadores y cercano a los dos mil pesos.
Tanto Verónica Olivera como Laura Segovia conforman un grupo “político” de siete personas que ingresaron al Registro Civil para “apuntalar la gestión”, asegura Videla, y por tener una disponibilidad “full time” cobran un sueldo mayor al de sus compañeros.
Lo cierto es que el malestar generado en el seno de la repartición es mayúsculo, no sólo porque la mayoría de los trabajadores hacen malabares para llegar a fin de mes con los escasos mil pesos que les quedan en la mano tras presentar su factura de monotributista, ya que su relación laboral se enmarca en el precario sistema de Contrato de Locación de Servicios que aún sostiene el Gobierno mendocino, sino que además, admiten los trabajadores, el grupo “político” de Videla no marca tarjeta de ingreso ni egreso, por tanto no habría forma de determinar efectivamente el horario que cumplen.
La directora del Registro Civil, lejos de aceptar los reclamos, los señala como “una chicana” hacia ella, porque afirma que su hija “bien podría ser personal de planta en la Municipalidad de Las Heras y sin embargo, por venir a acompañarme renunció a su cargo en la comuna”.
“En realidad, cuando entraron había un remanente de plata de los contratados y necesitábamos armar un plantel que se quede fuera de horario”, justifica Videla y se pregunta “¿Por qué me señalan a mi?, si son muchos los oficiales públicos que tienen a sus hijos trabajando en el Gobierno. Por ejemplo, Mario Adaro –ministro de Gobierno- tiene a su hermano en el Hipódromo”; además de subrayar que estas contrataciones fueron acordadas con el anterior titular de la cartera de Gobierno, Juan Marchena, a quien “le dijimos que necesitamos a siete personas que sepamos que se van a quedar fuera de hora y así fue”.
Carmen Flores, por su parte, se mostró molesta por tener que dar explicaciones sobre la situación y resaltó que no se puede cuestionar la contratación de su hija porque se trata de “un Técnico especializado”, aunque no supo especificar en qué rama.
Sin embargo, Olivera fue asignada al nuevo Centro de Documentación Rápida (CDR) y Segovia, al flamante Call Center que dará los turnos para esa central de trámites que se dispuso en las instalaciones del Hiper Libertad y por tanto, su horario de trabajo será de sólo cinco horas. La interrogante es entonces sí variará esa contratación “full time”, a lo que Videla responde: “No, porque después que salgan del CDR se van a venir a seguir trabajando acá –Casa de Gobierno-“.
El nuevo oficial Público
El otro caso polémico tiene que ver con Héctor González, otro ex hombre de la Municipalidad de Las Heras que arribó al Registro Civil de la mano de Olga Videla, quien fuera concejal de ese departamento además de directora de Emergencia Social.
González formó parte inicialmente de ese selecto grupo “político” de contratados y luego de un año y medio en la repartición fue nombrado como Oficial Público, ascenso exclusivo para personal de planta permanente. “Él era empleado de planta de la Municipalidad de Las Heras y se vino como adscrito, así que fue automático pasarlo a planta en el Registro”, asegura Videla.
Pero, de acuerdo a las normas legales, para ser nombrado como oficial público es necesario rendir un examen teórico sobre conocimientos en materia de tramitación de documentos. Requisito que asegura Videla se cumplió: “Yo misma le tomé el examen”.
Las quejas del gremio
La problemática de los contratos de locación de servicios es señalado como “uno de los temas principales del convenio colectivo de trabajo” por la titular de la Asociación de Trabajadores Estatales, Raquel Blas.
La representante de ATE admite que “en esta nueva propuesta que estamos discutiendo con el Gobierno hay una fecha específica para el pase a planta” de estos contratos. Que en el caso del Registro Civil supera el 90 por ciento del total del personal y, en algunos casos, mantienen ese vínculo laboral con el Estado mendocino desde hace más de cinco años.
La precariedad laboral no solo se expresa en los bajos salarios sino que cada aumento salarial a los trabajadores de la administración central no los alcanza y hasta la promesa del gobernador Celso Jaque de otorgarles 100 pesos en compensación por el aumento del monotributo tampoco se cumplió. “Si se han aumentado las locaciones de servicio de Salud, el Gobierno no puede dejar afuera a los demás”, amenaza Blas.
Carmen Flores, por su parte, se mostró molesta por tener que dar explicaciones sobre la situación y resaltó que no se puede cuestionar la contratación de su hija porque se trata de “un Técnico especializado”, aunque no supo especificar en qué rama.
Sin embargo, Olivera fue asignada al nuevo Centro de Documentación Rápida (CDR) y Segovia, al flamante Call Center que dará los turnos para esa central de trámites que se dispuso en las instalaciones del Hiper Libertad y por tanto, su horario de trabajo será de sólo cinco horas. La interrogante es entonces sí variará esa contratación “full time”, a lo que Videla responde: “No, porque después que salgan del CDR se van a venir a seguir trabajando acá –Casa de Gobierno-“.
El nuevo oficial Público
El otro caso polémico tiene que ver con Héctor González, otro ex hombre de la Municipalidad de Las Heras que arribó al Registro Civil de la mano de Olga Videla, quien fuera concejal de ese departamento además de directora de Emergencia Social.
González formó parte inicialmente de ese selecto grupo “político” de contratados y luego de un año y medio en la repartición fue nombrado como Oficial Público, ascenso exclusivo para personal de planta permanente. “Él era empleado de planta de la Municipalidad de Las Heras y se vino como adscrito, así que fue automático pasarlo a planta en el Registro”, asegura Videla.
Pero, de acuerdo a las normas legales, para ser nombrado como oficial público es necesario rendir un examen teórico sobre conocimientos en materia de tramitación de documentos. Requisito que asegura Videla se cumplió: “Yo misma le tomé el examen”.
Las quejas del gremio
La problemática de los contratos de locación de servicios es señalado como “uno de los temas principales del convenio colectivo de trabajo” por la titular de la Asociación de Trabajadores Estatales, Raquel Blas.
La representante de ATE admite que “en esta nueva propuesta que estamos discutiendo con el Gobierno hay una fecha específica para el pase a planta” de estos contratos. Que en el caso del Registro Civil supera el 90 por ciento del total del personal y, en algunos casos, mantienen ese vínculo laboral con el Estado mendocino desde hace más de cinco años.
La precariedad laboral no solo se expresa en los bajos salarios sino que cada aumento salarial a los trabajadores de la administración central no los alcanza y hasta la promesa del gobernador Celso Jaque de otorgarles 100 pesos en compensación por el aumento del monotributo tampoco se cumplió. “Si se han aumentado las locaciones de servicio de Salud, el Gobierno no puede dejar afuera a los demás”, amenaza Blas.