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En Mendoza apuestan a la "videovigilancia", pero en Inglaterra fracasó

En Mendoza se instalan cámaras de videovigilancia en las calles. En Inglaterra, en donde funcionan 4 millones de cámaras de ese tipo, se debate en torno a su fracaso en la lucha contra el delito. Allá consiguen detener a una persona cada 967 horas de filmación.

La provincia de Mendoza acaba de aprobar una ley que impulsa la instalación de videocámaras como herramienta para combatir la inseguridad. Lo mismo que pasó esta semana en la provincia ha sido sugerido en Francia por la ministra del Interior, Michele Alliot – Marie, quien quiere elevar la cantidad de cámaras que vigilan la vía pública de 20 mil a 60 mil, para alcanzar en un futuro la cifra de 1 millón.

Sin embargo, desde Inglaterra han salido a desbaratar la teoría de la eficacia y rentabilidad de este sistema. En Francia, la opinión británica ya causó revuelo y no sólo por la cercanía: Inglaterra es la nación en que más videovigilancia hay en funcionamiento, con 4 millones de cámaras. Con una década de experiencia en la materia, de allí surge la autoridad suficiente para hablar del asunto y, en este caso, de criticarlo.

El centro del debate está en si realmente sirven para prevenir o si su utilidad está concentrada en descubrir a los delincuentes una vez que ya actuaron. Aun en esta última opción, las dudas surgen cuando de costo/beneficio se habla.

Los cuestionamientos fueron parte de un análisis reflejado por el periódico Le Monde Diplomatic, preparado por el periodista francés Noé Leblanc, que fue titulado: “Un Gran Hermano poco eficaz”.

Allí se informó que la incidencia de estos 4 millones de cámaras en el presupuesto británico es tal, que su funcionamiento ya es catalogado como “el quinto servicio público”, junto con el gas, la electricidad, el agua y las telecomunicaciones.

Por otra parte, su instalación resultó una moda: da respuesta rápida al reclamo de mayor seguridad y lo complejo de la tecnología genera pocas preguntas de parte de una sociedad que, al desconocer de cuestiones técnicas, prefiere admitir y aceptar sin hacer demasiadas preguntas.

“Las municipalidades –dice Le Monde Diplomatic- demasiado confiadas en esta nueva tecnología y preocupadas por aprovechar los generosos subsidios del gobierno, suelen concebir sus esquemas de de instalación de manera precipitada. Cuando la instalación de las cámaras no queda a cargo de los técnicos de la empresa que las provee, se establece a partir de estadísticas sobre el delito demasiado incompletas o demasiado generales; de ahí –agregó el periódico- la ubicación de algunas cámaras en zonas donde resultan prácticamente inútiles”.
Negocio y costos

Mientras tanto, los resultados en materia de seguridad no han sido proporcionales a la cantidad de cámaras y costo del sistema.

Pero, según un reporte de la Universidad de Berlín preparado por Leon Hempel y Eric Töpfer y citado por la mencionada publicación, “a lo largo de los últimos 15 años, la videovigilancia tuvo un crecimiento considerable en toda Europa, al punto que en 2004, el 29 por ciento de los lugares accesibles al público (…) estaban equipados con un sistema de cámaras”.

Este mismo informe es el que delató que el negocio de la videovigilancia tuvo un crecimiento de entre el 10 y el 15% anual desde hace 10 años. Allá, los costos de instalación de cada equipo se estima en los 30 mil euros, a los que debe sumarse 6 mil más por “gastos anuales de funcionamiento”.

“Remedio milagroso”, poca rentabilidad y pocos resultados

El trabajo publicado en Francia y replicado en la edición latinoamericana de El Dipló, señaló que más allá de dejar contenta a la gente, el sistema de videovigilancia inglés “son demasiado ambiciosos”, al pretender “reducir el delito”. Un criminólogo, Jason Ditton, al referirse al dispositivo instalado en Glasgow, señaló que “en mi opinión, antes de su instalación se hizo semejante ruido en torno a las cámaras, presentado como un remedio milagroso incluso antes de haberlas conectado, que sus verdaderas posibilidades de éxito eran nulas”.

Leblanc, en su artículo, agregó que, “en efecto, se espera que la videovigilancia acabe con los robos, desvalijamientos, ataques a las personas, a los vehículos, vandalismo tráfico de estupefacientes, acumulación de basura, alteración del orden público. Pero estos delitos no son ni cometidos por las mismas personas, ni por las mismas razones, ni en las mismas circunstancias, lo que impide que se adopte una solución única, aunque se la presente como ´todo en una´”.

En cuanto a su funcionamiento y monitoreo, la técnica sólo pone una parte: los operadores son humanos. Y, aun siendo los recatados y formales ingleses, ese es el problema central que se registra en Gran Bretaña.

Cuenta Leblanc en su artículo: “Mirar las pantallas de control resulta sumamente aburrido y monótono. En las zonas residenciales (…) registraron un promedio de 6 incidentes cada 48 horas de vigilancia. Esto lleva a los operadores a luchar primero contra el aburrimiento: frecuentes idas al baño o a tomar un café, lectura de revistas, crucigramas, somnolencia e incluso voyeurismo, que representa el 15% del tiempo de visualización dedicado a vigilar mujeres”.

Por todo esto (más lo que podamos agregar los argentinos basándonos en nuestra particular idiosincrasia), se afirma que el “perfecto y modélico” sistema británico ha devenido en problemático, poco eficiente y escasamente rentable.

“Luego de haber pasado 592 horas en compañía de vigiladotes que vigilaban 3 centros urbanos –señaló un informe del Centro de Criminología y Justicia Criminal de la Universidad Hull, citado por El Dipló- los sociólogos Clive Norris y Gary Armstrong comprobaron así que de 900 operaciones de vigilancia realizadas, los servicios de policía sólo intervinieron 45 veces para un total de 12 detenciones”.

Finalmente, se indicó que los resultados daban una sola detención cada 967 horas de vigilancia: 1 cada 40 días.

Contra el delito, no hay magia

Para concluir, una reflexión del diario inglés The Guardian que compara a los ultramotores de la videovigilancia con sus ultradetractores dejó en calro que unos y otros “comparten una creencia ingenua en el poder de la tecnología, sea ésta benéfica o maléfica”.

Por ello, Leblanc, el autor del artículo que alertó sobre el error del gobierno francés de apostar todo al control de las cámaras urbanas, señaló que “más allá de las cuestiones éticas que genera el debate, existe una certeza: año tras año la videovigilancia significa, en términos de lucha contra el delito, un enorme despilfarro de dinero público”.

Como siempre, aquí imitamos, tardíamente, lo que se hace en otros lugares del mundo, pero efectuándoles cambios y alteraciones en el medio del camino que hacen que las ideas fracasen o sean aplicadas a medias.

Ojalá sea el tiempo en que aprendamos a tiempo a construir nuestra propia experiencia en materia de política criminal. Evitaremos no sólo ese “despilfarro” del que se habla en Inglaterra y Francia, sino mucho dolor en las víctimas del delito.