Histórica condena para cuatro represores

Cuatro militares fueron condenados hoy con penas de entre 18 años y prisión perpetua al ser encontrados culpables de decenas de secuestros, torturas y dos desapariciones durante la última dictadura militar, en lo que se considera un fallo histórico en la provincia de Corrientes.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Víctor Alonso, Lucrecia Rojas y Carlos Navarro, quienes acusaron a los cuatro represores -que se desempeñaron en el ex Regimiento de Infantería número 9- de los delitos de asociación ilícita, secuestros y privación ilegítima de la libertad agravada.

Además, los hallaron culpables de las desapariciones de los jóvenes correntinos Rómulo Artieda y Ramón Vargas, ocurridas en mayo de 1977.

El ex coronel Barreiro recibió perpetua como responsable del homicidio de Artieda, cuyo cuerpo fue encontrado en 2007 en una tumba NN del cementerio municipal de la localidad provincial de Empedrado.

Tras la lectura del veredicto, los familiares de los condenados insultaron a los jueces y familiares de desaparecidos, acusándolos de "subversivos".

Alejandro Losito, hijo de uno de los condenados, reivindicó el accionar de su padre y sostuvo: "Defendemos a la totalidad de las Fuerzas Armadas que defendieron a la Nación en la guerra desatada por la agresión subversiva y derrotaron a organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista".

En el mismo sentido se expresaron los familiares del ex capitán De Marchi, quien fuera presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, acusado de comandar los grupos de tareas que secuestraban y torturaban a las víctimas.

Corrientes vivió una jornada en la que los organismos de derechos humanos calificaron de "histórica" ante la primera sentencia por delitos de lesa humanidad en una provincia donde desaparecieron 55 personas entre fines de 1975 y 1983.

"Hay otras causas que quedan pendientes en la justicia, pero con este juicio la comunidad pudo comprender que el Regimiento 9 fue un centro clandestino de detención donde se cometían las peores calamidades contra la vida humana", sostuvo el integrante de la Comisión Provincial de Derechos Humanos, Mario Marturet.

En tanto, Diego Cazorla, sobrino de uno de los desaparecidos que investigó la causa, sostuvo que "es un día de júbilo para las instituciones, es la democracia que se renueva y vence al autoritarismo".

Los condenados cumplirán la pena en la Unidad Federal 7 de Resistencia, Chaco, bajo las condiciones del régimen carcelario común para sentenciados por otros delitos.

En tanto el general del Ejército, Cristino Nicolaides, por entonces comandante de la Séptima Brigada, permanece con arresto domiciliario en Córdoba capital y también está imputado en esta causa pero fue apartado debido a su delicado estado de salud.

Fuentes judiciales reiteraron este miércoles a Noticias Argentinas que su juzgamiento será recién en octubre o noviembre, en un juicio sumarísimo que durará aproximadamente cinco días.