El Gobierno deberá hacerse cargo de unos 2.000 menores judicializados

Es decir que, si un chico no va a la escuela, por ejemplo, ya no será la Justicia la encargada de conseguirle un banco ni de realizar el seguimiento de la conducta de sus padres, sino que esta pasará a ser una tarea del Ejecutivo, en particular, del Ministerio de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad.

Para la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer de Carlucci, este será un alivio para los atestados juzgados de familia, que reciben por día de 15 a 20 casos de chicos en situación de desprotección.

En cambio, quedarán en manos de la Justicia de Menores los casos en los que exista un delito de por medio. Por ejemplo, cuando el chico haya sido sufrido por abuso o violencia, o bien, cuando él sea culpable de haber cometido un ilícito.

En Mendoza, son casi dos mil los chicos judicializados por algún motivo, ya sea por causas sociales o por ser víctimas o sujetos de infracciones a la ley.
 
El director de la ex Dinaadyf, actual dirección de Niñez y adolescencia, David Funes, y el gerente del área, Juan Casas, contaron que bajo la protección del Estado se encuentran 280 chicos internados en los sistemas de hogares, 50 chicos viven en la Colonia 20 de Junio, 142 en Sistema de responsabilidad Penal juvenil, en tanto que un promedio de 3 niños son atendidos por cada una de las 500 familias cuidadoras que prestan servicios al Estado.

Con la aplicación de la norma nacional, que en cierta manera aún se contrapone con la ley de minoridad de la provincia, se busca cambiar esta realidad.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer de Carlucci, dijo que la aplicación de la ley debería haberse hecho efectiva desde el 2005, pero en la provincia se suspendió porque el Estado no brindaba las garantías sobre el organismo que la haría cumplir.

En cambio, advirtió que esto sí sucede en la gestión de Celso Jaque. “Entendemos que si se ha creado un ministerio – Se refiere a Desarrollo Humano, Familia y Comunidad -  es porque hay un sustento administrativo que la hará efectiva”, expresó Kemelmajer de Carlucci.

El contrapunto con la ley provincial es que, según esta, las medidas tutelares con respecto a los menores sólo las puede tomar el Poder Judicial, y la Ley 26061, en cambio, expresa que estas medidas las debe tomar el Ejecutivo. En este aspecto, estimó, aún los legisladores tienen una deuda pendiente.

Cómo se aplicará

En primer lugar, se instalará en los juzgados de familia una oficina en la que funcionará el Organismo Técnico Administrativo, encargado de hacer cumplir la norma.

Además, la provincia se dividirá en cuatro zonas, (Norte, Sur, Este y Valle de Uco) y se descentralizarán los recursos, para que cada Municipio los destine a sus centros de servicios de protección de derechos.

También se conformarán tres equipos de abordaje de los casos, que serán integrados interdisciplinariamente, y se contará, en todo momento, con asesoramiento jurídico.

En tanto, los policías recibirán instrucciones para saber cómo actuar en caso de realizar captaciones de niños en situación de calle, en especial para delimitar su accionar.