Vuelven los aumentos de sueldos: a quiénes habilitó Javier Milei para cobrar más desde 2026

El Gobierno hizo oficial una modificación en el esquema salarial de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo al disponer que, a partir de enero de 2026, los ministros, secretarios y subsecretarios vuelvan a percibir aumentos salariales, aunque bajo un nuevo régimen condicionado al resultado fiscal.

La medida quedó establecida en el Decreto 931/2025 que levanta el congelamiento dispuesto en 2024 y fija un sistema de actualización automática vinculado a las paritarias estatales.

A quiénes alcanza la medida

La norma extiende a las autoridades superiores los incrementos salariales acordados en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional durante 2024 y 2025, y establece que, en adelante, cada nuevo aumento que se homologue para los empleados públicos también se aplicará a los cargos jerárquicos del Ejecutivo. El esquema alcanza a ministros, secretarios, subsecretarios, titulares de organismos descentralizados y funcionarios con rango equivalente, pero excluye expresamente al presidente Javier Milei y a la vicepresidente Victoria Villarruel.

El decreto marca un giro respecto del Decreto 235/2024, que había congelado los salarios políticos en los valores vigentes a diciembre de 2023 como parte del ajuste inicial del gasto público. Aquella decisión, adoptada en plena emergencia económica, había sido presentada como una señal de austeridad institucional. Con la nueva norma, el Gobierno argumenta que el ordenamiento macroeconómico y la obtención de superávit fiscal habilitan una etapa de “normalización” en la estructura salarial del Estado.

Los puntos clave

Uno de los puntos centrales del decreto es la incorporación de una cláusula de congelamiento automático. En caso de que la Administración Pública Nacional registre un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán inmediatamente congelados y se suspenderá la aplicación de cualquier incremento, incluso aquellos previamente aprobados. La suspensión operará de pleno derecho, sin necesidad de un acto administrativo adicional, y se mantendrá vigente hasta que se restablezca el superávit.

Desde el Ejecutivo sostienen que este mecanismo busca reforzar el compromiso con el equilibrio fiscal y convertir a las remuneraciones de la alta conducción del Estado en una variable directamente ligada a la sostenibilidad de las cuentas públicas. En ese sentido, el decreto subraya que los aumentos no tendrán efectos retroactivos y comenzarán a regir desde el primer día del mes siguiente al dictado de la norma.

La decisión, según el Gobierno, se apoya en los datos oficiales que "destacan una baja sostenida de la inflación, la acumulación de superávit fiscal durante casi dos años y una reducción significativa de los índices de pobreza". "No obstante, la medida promete generar debate político, en un contexto en el que amplios sectores de la sociedad aún enfrentan ingresos rezagados y tensiones sociales derivadas del ajuste", expresaron.