Vaca Muerta como herramienta: la carta con la que el Gobierno presiona a las petroleras por Malvinas
La reforma de la ley 26.659 apunta a toda la cadena de proveedores. El atractivo de Vaca Muerta le da al país un poder de presión que no tenía.
La producción de petróleo en Vaca Muerta es responsable en buena medida por la mejora de la actividad económica
YPFEl canciller Pablo Quirno puso una meta concreta a la ofensiva que el Gobierno desplegó sobre las Malvinas: impedir que la extracción de hidrocarburos en el archipiélago llegue a iniciarse.
En diálogo con LN+, el ministro de Relaciones Exteriores describió un plan que combina el endurecimiento de las sanciones, la gestión diplomática y el refuerzo de la presencia estatal en el Atlántico Sur, con el argumento de que el proyecto contraviene resoluciones de las Naciones Unidas.
El reloj es lo que apura la decisión. Consultado sobre si el objetivo último era empujar a Londres hacia una negociación política más amplia, Quirno respondió: "El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas".
Y advirtió que la ventana disponible es angosta, porque las actividades "podría empezar entre los próximos meses". El disparador, según explicó, fue la decisión final de inversión que anunciaron en diciembre las petroleras Navitas y RockHopper: a partir de ese momento la Cancillería envió notas de protesta a las compañías y a los embajadores del Reino Unido e Israel.
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El eje del paquete anunciado por Javier Milei el jueves pasado es una modificación de la ley 26.659, sancionada en 2011, que regula las condiciones para explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Pablo Quirno explicó por qué esa norma resultaba insuficiente: cuando se sancionó, castigar a una empresa que operara en las islas apenas la empujaba a desentenderse del mercado argentino, sin mayor costo. El escenario energético actual invirtió esa ecuación. "Hoy tenemos una Vaca Muerta que atrae inversiones", sintetizó.
Con esa palanca, el Gobierno pretende que el castigo deje de recaer solo sobre quien extrae y alcance a toda la estructura que hace posible la extracción. El canciller mencionó de manera explícita a los servicios petroleros, financieros y de seguros, además de otros proveedores, que quedarían frente a una disyuntiva: operar en la Argentina o vincularse con licencias que el Gobierno considera ilegales en un territorio en disputa. "Estamos justamente aumentando las penas, pero sobre todo agrandando el espectro de empresas a ser sancionadas", resumió.
La Cancillería, al frente de los expedientes
Pablo Quirno confirmó que será su ministerio el encargado de abrir los procesos sancionatorios previstos en el decreto reglamentario. La justificación que ofreció apunta a la naturaleza del asunto —sostuvo que "es un tema principalmente de política exterior"— y al hecho de que el universo de actividades alcanzadas ya excede lo estrictamente hidrocarburífero.
Esa decisión se articula con el otro anuncio presidencial, la reasignación de partidas destinada a la base naval integrada de Ushuaia. Para el canciller, ambos instrumentos responden a un mismo diseño y no admiten lectura por separado. "No hay tiros independientes individuales", planteó, al describir un esquema que enlaza sanciones, diplomacia y capacidad logística.
También rechazó que la medida haya surgido de manera improvisada: "Esto no se produce de la noche a la mañana. Es un trabajo de meses y de todo el equipo de Gobierno".
El efecto sobre el sector privado
Según el relato del funcionario, la advertencia ya generó movimiento antes incluso de que la reforma legal esté aprobada. "Yo estuve todo el fin de semana recibiendo llamados de empresas que operan en la Argentina ratificando su no apoyo a operaciones hidrocarburíferas en Malvinas", aseguró.
Su lectura es que el país se encuentra hoy en una "diferente posición de fuerza" para condicionar decisiones corporativas, por el tamaño y la previsibilidad que ofrece su mercado energético. Es la misma lógica que Milei había expuesto en cadena nacional al señalar que quien participe de explotaciones en las islas no podrá operar simultáneamente en territorio argentino.
Sobre el respaldo internacional, Quirno evitó atar la estrategia al apoyo de una potencia en particular. "Hacemos las cosas por nuestra propia convicción", afirmó, aunque explicitó qué espera de los socios: "Esperamos que nuestros países amigos y afines apoyen el reconocimiento de que la explotación de hidrocarburos va en contra de una resolución de las Naciones Unidas".
Recordó además que esas resoluciones impiden adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia de soberanía siga sin resolverse, y encuadró el caso bajo la figura del "colonialismo especial".
El tramo político
El último tramo de la entrevista conectó la política exterior con el estado de las Fuerzas Armadas y derivó en una acusación al kirchnerismo. "Los que han desarmado las FFAA fue el kirchnerismo. Los que nos dejaron en este estado de indefensión", sostuvo.
Su argumento es que una defensa debilitada y una economía frágil recortan el margen de maniobra diplomática del país, y que desde esa perspectiva la base de Ushuaia no constituye un anuncio suelto sino una pieza destinada a mejorar la posición argentina frente al Reino Unido y frente a las empresas que evalúan operar en la zona en disputa.
