Un juez ordenó la restitución de las pensiones por discapacidad en Catamarca
En Catamarca, el fallo surgió tras un amparo colectivo por las pensiones por discapacidad y podría convertirse en antecedente para otras provincias.

Discapacidad: la oposición se encamina a rechazar el veto del Gobierno nacional.
NAEl juez federal Guillermo Díaz Martínez ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) restituir en un plazo de 24 horas las pensiones por invalidez suspendidas en Catamarca y abonar los haberes retenidos. La medida también dispone que el organismo se abstenga de aplicar nuevas auditorías y bajas amparadas en el decreto 843/2024.
La resolución responde a una acción de amparo colectivo presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), el defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera, y seis beneficiarios afectados.
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Un fiscal de Catamarca respaldó al juez
El fiscal federal Santos Reynoso respaldó la cautelar y advirtió que existía un “peligro inminente” en la demora, ya que se trata de prestaciones de carácter alimentario.
En su fallo, Díaz Martínez señaló que las pensiones son derechos “tanto colectivos como individuales” que se ven afectados por una norma “inconstitucional” y por la ejecución “irregular” del sistema de auditorías.
Qué dice el fallo del juez de Catamarca
La orden judicial obliga a ANDIS a notificar la restitución al Registro de Procesos Colectivos y frena la aplicación del decreto 843/2024, que establecía auditorías para revisar las pensiones y habilitaba suspensiones cuando la persona no alcanzaba un 66 % de incapacidad o tenía vínculo laboral.
El fallo tiene alcance provincial, pero se suma a decisiones similares en La Rioja y a presentaciones en curso en otras provincias. El juez advirtió que, de reconocerse como proceso colectivo, podría tener efectos más amplios.
La resolución se dicta en medio del escándalo que atraviesa la Agencia de Discapacidad tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo, en los que denunció pedidos de coimas en contrataciones y compras. Las revelaciones derivaron en allanamientos judiciales y en la intervención de la gestión del organismo.