Tras el revés del Senado, el Gobierno diseña una contraofensiva para frenar la ley de Emergencia en Discapacidad

El Gobierno sufrió este jueves su primer rechazo pleno del Congreso. El veto presidencial a la ley de Emergencia en Discapacidad fue rechazado en ambas cámaras, lo que termina de evidenciar la pérdida casi total del control del parlamento por parte de la Casa Rosada.

Además de los cuestionamientos políticos y electorales, el Ejecutivo esgrime distintos informes técnicos y económicos en torno a “lo inviable” que resulta cumplir presupuestariamente con la norma. En conjunto con las reformas previsionales que impulsan varios bloques opositores, Javier Milei considera que forman parte de un combo de leyes que pretenden “la quiebra nacional”, término que empleó en plena cadena nacional.

Tal como adelantó esta tarde MDZ, hubo un cónclave en Balcarce 50 de los equipos técnicos y legales del Ejecutivo para definir de qué manera se puede evitar aplicar la ley. Asistió durante la tarde el equipo de la Procuración del Tesoro (los abogados del Estado) que comanda Santiago Castro Videla y la secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, quien fue designada para el cargo para escarbar en todos los manuales del derecho las formas legales de que no prosperen ninguna de las iniciativas del Congreso que ponen en jaque el equilibrio fiscal que pregonan los libertarios.

La plena judicialización de este punto es una de las posibilidades, según indicó este medio. El argumento central del Ejecutivo para frenar la ley en los tribunales será la violación de la Ley de Administración Financiera, la cual establece en su artículo 38 que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deber especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". De acuerdo al oficialismo, esto no estaría ocurriendo en el proyecto opositor, que no especifica cuál sería el aumento de impuestos que se realizaría como contrapartida.

"Difícilmente si esto llegara a la instancia judicial, los jueces fallarían a favor de semejante dislate populista", había asegurado Milei en julio. Sin embargo, los consejeros del mandatario evaluaron otras opciones, que están aún arriba de la mesa, por lo que no hay una definición hasta la fecha.

Importantes fuentes del Gabinete precisaron a MDZ que la opción más arriesgada es directamente no recurrir de inmediato a la Justicia y desobedecer inicialmente la flamante ley. Se discute puertas adentro si se promulga, o no, la ley en los tiempos formales y, por lo tanto, no están dispuestos a liberar los fondos requeridos en el expediente hasta que "se defina la cuestión de fondo". En los pasillos de Balcarce 50 descuentan que esta acción implicará una demanda de la oposición, por lo que están analizando recién responder judicialmente y brindar las explicaciones legales ante ese eventual planteo, haciendo que el debate se estire en los pasillos judiciales.

“Esa es una posibilidad que tenemos en carpeta. Todavía no hay nada definido”, advirtió a MDZ un funcionario, de reporte diario al presidente.

Hasta que "no se agoten todas las instancias", el Gobierno no cambiará de postura y se opondrá a lo votado por el Congreso. Mientras siga el conflicto, no van a promover actualizaciones automáticas en el valor de las prestaciones por lo que seguirán las dudas por algunas semanas más para quienes se esperanzaron con el reciente rechazo al veto presidencial.