Trabajadores del INV anticiparon un amparo y lanzaron críticas contra el desguace
Representantes sindicales del INV confirmaron la presentación ante la Justicia para frenar el decreto. Explicaron la necesidad de fiscalización y cargaron contra el Gobierno de Mendoza y la Nación.
Trabajadores del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) advirtieron que presentarán un amparo
ALF PONCE MERCADO / MDZEl Gobierno nacional, por intermedio del Decreto 462/2025, modificó la estructura de distintos organismos antes autárquicos dependientes del Ejecutivo, que ahora deben pasar a ser parte de la estructura ministerial (dentro de la Secretaría de Agricultura). Con funciones reducidas, achicamiento de estructuras y modificación presupuestaria.
Entre los más destacados se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el más grande; el Instituto Nacimiento de Tecnología Industrial (INTI); y uno de mucha relevancia para la provincia de Mendoza como es el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El único que tiene su sede fuera de Buenos Aires.
El organismo responsable de fiscalizar la industria del vino será achicado en su esencia y funciones. Sus empleados temen por los puestos laborales y principalmente advierten sobre lo indispensable de este control, para la salud pública. El viernes realizaron una manifestación en la sede de calle San Martín, donde expusieron cómo afecta el avance de este decreto al organismo.
Amparo y medidas
Los trabajadores del INTA también se encuentran en alerta ante el decreto. Es por eso que esta semana presentaron ante la Justicia un recurso de amparo para frenar su implementación. Lo anunció en un comunicado la Asociación del Personal del INTA (APINTA) en conjunto con el sindicato de trabajadores del estado a nivel nacional: ATE. El INTI haría lo propio.
Con estas novedades bajo la mesa, ahora los trabajadores del INV confirmaron que la próxima semana llevarán a cabo la misma estrategia, con el objetivo de frenar el decreto antes del tratamiento del mismo en la Bicameral del Congreso.
Lo confirmó a MDZ Marcelo González, inspector del INV y referente sindical de ATE. Informó que el amparo será presentado “entre el martes y el miércoles” y que los abogados que los representan y trabajan junto a ATE están abocados a su redacción y analizando en qué juzgado hacerlo, para que sea más viable.
El argumento de la salud pública y el temor de no fiscalizar
Para presentar una medida cautelar tiene que justificarse un peligro inminente. Para los trabajadores del INV el argumento en ese sentido es clave: la fiscalización. Consideran que limitar y perjudicar ese control supone un problema grave de salud pública, la de los consumidores del vino. Ante la posibilidad de que se presenten adulteraciones y apocrificidad, que dañen al organismo del consumidor.
“Como pasó en los años 90’, cuando hubo una manipulación fraudulenta del vino con alcohol metílico que produjo una cantidad considerable de muertes en Buenos Aires, hoy estamos supeditados a que pueda llegar a pasar lo mismo. Porque también el INV es la autoridad de aplicación de la Ley de Alcoholes, que nació a partir de ese caso”, ejemplificó González y es cierto, ya que la ley se promulgó en el 95’.
“Los vinos dulces se deben hacer a base de alcohol. Este alcohol es de origen vínico o aguardiente natural de orujo, que es 10 veces más caro que el alcohol de uso agrícola. Si nosotros no controlamos, qué va a ser un inescrupuloso: va a ir a comprar un alcohol de caña o cereal, que hasta se puede comprar en una farmacia, y echárselo al vino”, explicó.
“Cualquiera va a poder cometer ese tipo de ilegalidad aún sabiendo que se puede equivocar y poner alcohol etílico, metanol, como pasó en los 90’. Y causa un grave problema a la población”, agregó.
De hecho, aseguró que no debería ser una cuestión de intereses dentro de la industria, porque la no fiscalización va a perjudicar tanto al grande como al pequeño productor. “Porque se le puede poner una etiqueta fraguada a cualquier vino y venderlo tanto en el norte del país como en Puerto Madero. Y le van a mentir a todos los consumidores”, señaló.
El objetivo de la cautelar y la crítica política
El plan de los trabajadores es que se caiga el decreto. Debe ser antes de que la bicameral plantee el dictamen para su tratamiento. Esta es una preocupación especial porque, según consideran, no hay voluntad política (especialmente en Diputados) para rechazar el proyecto por parte de los legisladores mendocinos.
Señalaron que expresaron su apoyo Lourdes Arrieta, Julio Cobos, Anabel Fernández Sagasti y la lista se corta brevemente. Hubo sorpresa por el no acompañamiento de la lucha por parte del oficialismo local, el de la provincia más importante a nivel vitivinícola.
“Me dejó impactado -expresó González-. Es la primera vez en mis 25 años trabajando en el instituto que un gobernador no se solidariza con INV. Tiene un ministro de Producción que es bodeguero, tiene el acompañamiento de Bodegas de Argentina con más de 200 afiliados y más de la mitad de ellos de las bodegas más top de Mendoza. Ellas quieren que no trabajemos. Es más, hasta la vicegobernadora Casado ha emitido una serie de publicaciones desde el desconocimiento. Pero el gobernador Cornejo sabe de la industria y ellos deberían haber apoyado la fiscalización”.
Temor al vaciamiento
No solo es la falta de fiscalización lo que preocupa a los trabajadores. También el desguace de sus recursos y todo lo que se desencadena. ““El decreto, aparte de cercenar la fiscalización, nos ha sacado la autarquía administrativa y económica. Eso va a impactar fuertemente en la cuestión laboral. Porque si ahora tenemos 15 inspectores para 300 bodegas, y ya no tenemos que fiscalizar, vamos a necesitar menos de la mitad. Vamos a tener menos presupuesto”, señaló.
Además, advirtió sobre la centralización de las decisiones en Buenos Aires. “Los ingresos que tenía antes el organismo lo va a manejar desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nosotros perdimos eso. De hecho, si no operamos más, no necesitamos la parte administrativa. Se va a manejar todo desde Buenos Aires. El INV era el único organismo que tenía su órbita fuera de la ciudad de Buenos Aires. Su sede central sigue siendo la de San Martín 430, pero todas las decisiones se toman ahora en Paseo Colón 985 (donde funciona esa dependencia nacional)”.