Sanciones más rápidas: Cornejo quiere reformar el régimen disciplinario de estatales
El gobernador Alfredo Cornejo presentó un proyecto de ley para modificar el sistema de sanciones a los trabajadores públicos. Propone sumarios más ágiles y digitalización de los procesos.
El Gobierno de Mendoza busca modificar el Régimen Disciplinario de la Administración Pública.
Alf Ponce Mercado / MDZEl Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para reformar el régimen disciplinario de los empleados públicos con el objetivo de agilizar los sumarios administrativos, fortalecer a la Oficina General de Sumarios y avanzar en la digitalización de los procedimientos contra los agentes estatales.
La iniciativa fue enviada en las últimas horas a la Legislatura y propone sustituir por completo el Anexo de la Ley N° 9.103, que desde 2019 regula las faltas y sanciones del personal de planta permanente del Estado provincial.
Según resaltan desde el Gobierno provincial la experiencia de la aplicación de la normativa dejó en evidencia demoras excesivas en la tramitación de los sumarios y la necesidad de dotar al organismo a la Oficina General de Sumarios de mayores herramientas de investigación sobre las faltas que cometen los trabajadores estatales.
Indican que el objetivo es reducir los tiempos de tramitación, evitar demoras innecesarias, optimizar los recursos disponibles y fortalecer la capacidad de investigación frente a hechos que pudieren constituir faltas disciplinarias.
La Oficina de Sumarios podrá iniciar investigaciones de oficio cuando tome conocimiento de hechos que puedan constituir una indisciplina. Asimismo, las faltas de menor entidad podrán ser instruidas y resueltas directamente por las reparticiones de origen.
Autonomía para la Oficina de Sumarios y sanciones más rápidas
Uno de los ejes centrales de la reforma es otorgarle autonomía técnica y funcional a la Oficina General de Sumarios, que actuará "sin recibir instrucciones particulares de ninguna autoridad" respecto de la iniciación, orientación o conclusión de una investigación. El proyecto también habilita a ese organismo a abrir informaciones sumarias de oficio, sin depender de que la repartición de origen le remita las actuaciones.
Además, se establece un deber expreso de colaboración entre todos los organismos y agentes de la Administración, que deberán responder los requerimientos de la Oficina sobre informes, expedientes o antecedentes y su incumplimiento podrá derivar en un sumario contra el propio funcionario que incumpla esta disposición.
La modificación propuesta por Cornejo plantea también una redistribución de competencias. Las faltas leves (como incumplimientos de horario o inasistencias injustificadas) podrán ser resueltas directamente por la repartición de origen, sin intervención de la Oficina de Sumarios, que así podrá concentrarse en los casos más graves.
También se crea un procedimiento especial abreviado para disponer la cesantía en casos objetivos, como abandono de servicio o acumulación de treinta días de suspensión, sin necesidad de instruir un sumario administrativo completo. No obstante, se aclara en la propuesta que siempre se deberá dar vista previa al agente para que ejerza su defensa.
El proyecto incorpora de manera expresa el uso de medios electrónicos para las notificaciones y citaciones, dando prioridad a la plataforma "Mendoza por Mí" (MxM). Cuando no sea posible notificar por esa vía, se habilita el uso de correo electrónico e incluso WhatsApp, y se prevé la realización de audiencias virtuales, que deberán quedar grabadas.
Las sanciones y mecanismos alternativos de resolución
El régimen mantiene cuatro tipos de sanciones disciplinarias: apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración. Entre las causales de cesantía se incluyen las inasistencias injustificadas superiores a seis días, el abandono de servicio, faltas graves de respeto a un superior y sentencias condenatorias firmes por ciertos delitos.
Otra novedad es la incorporación de "mecanismos alternativos de solución del conflicto" como la suspensión del sumario a prueba y el sumario abreviado, tomados como referencia del Código Procesal Penal provincial, para cerrar casos sin agotar el trámite ordinario, aunque quedan excluidos cuando prima facie correspondería cesantía o exoneración.
