Reforma en las designaciones judiciales: qué cambia con el nuevo decreto de Javier Milei
La reforma modifica procedimientos vigentes desde 2003, concentra los controles en el Senado y establece plazos más breves para avanzar con las designaciones judiciales.
Presidente Javier Milei le toma juramento a Juan Bautista Mahiques.
Captura de video.El presidente Javier Milei firmó el decreto mediante el cual introdujo cambios en los procedimientos para la designación de magistrados de la Justicia federal, integrantes de la Corte Suprema y autoridades del Ministerio Público. La medida apunta a simplificar trámites administrativos y acelerar la cobertura de las numerosas vacantes existentes en el sistema judicial.
Según los fundamentos de la norma, el Ejecutivo considera que el actual esquema de selección contiene instancias duplicadas que prolongan innecesariamente los tiempos de designación. En ese sentido, sostiene que los mecanismos de participación ciudadana y control público ya se encuentran garantizados durante el tratamiento de los pliegos en el Senado, por lo que resulta innecesario replicarlos previamente dentro de la órbita del Poder Ejecutivo.
Entre los principales cambios, el decreto elimina una serie de procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, impulsados durante la gestión de Néstor Kirchner. Esas normas contemplaban mecanismos de consulta pública, recepción de observaciones de la ciudadanía y criterios específicos para evaluar a los candidatos antes de que el Presidente formalizara una nominación.
A partir de la nueva reglamentación, el Ministerio de Justicia continuará publicando los antecedentes de los postulantes y sus declaraciones juradas, pero se reducen los plazos administrativos y se concentran los controles institucionales en la etapa de análisis que realiza el Senado. El Gobierno argumentó que esta modificación permitirá agilizar la cobertura de cargos vacantes que actualmente afectan el funcionamiento de tribunales nacionales y federales.
El decreto también establece plazos más breves para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales y para la elaboración de informes sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y previsionales por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Además, actualiza los mecanismos de publicación de las candidaturas, priorizando la difusión en sitios web oficiales por sobre los tradicionales avisos en medios gráficos.
Desde la Casa Rosada sostienen que la reforma no elimina la transparencia ni la participación ciudadana, ya que las audiencias públicas y el análisis de antecedentes continuarán realizándose en el Senado antes de otorgar los acuerdos correspondientes. Sin embargo, sectores de la oposición y organizaciones vinculadas al ámbito judicial podrían cuestionar la decisión al considerar que reduce instancias de control previas sobre las nominaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno para acelerar la designación de jueces y funcionarios judiciales en un contexto de elevado número de vacantes, situación que, según el propio decreto, genera demoras en la resolución de causas y afecta el normal funcionamiento del servicio de justicia en todo el país.