Nuevas irregularidades complican el concurso para elegir al Defensor de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

El Concurso Público 2025 para designar al Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes vuelve a quedar bajo la lupa luego de que la revisión de los exámenes permitiera detectar nuevas irregularidades. El proceso, llevado adelante por la Comisión Bicameral que entonces presidía la diputada Natalia Sarapura, ya había sido cuestionado por concursantes debido a la falta de publicación de los exámenes corregidos, la difusión tardía e incompleta de antecedentes y la ausencia de criterios de evaluación establecidos con claridad y anticipación.

Los nuevos hallazgos

Los cuestionamientos incluso derivaron en presentaciones judiciales de varios postulantes que solicitaron la nulidad del procedimiento. Esas causas continúan actualmente en trámite ante la Cámara. Con la conformación de la nueva Comisión Bicameral en 2026, la Resolución 730/26 habilitó a cualquier interesado a solicitar el acceso a los exámenes. A partir de esa medida, algunas concursantes que reclamaban desde el inicio conocer las evaluaciones pudieron revisar la totalidad de las pruebas y detectaron errores en el cómputo de puntajes, exámenes sin las firmas exigidas y otras inconsistencias formales.

Los cuestionamientos incluso derivaron en presentaciones judiciales de varios postulantes que solicitaron la nulidad del procedimiento.

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Dos postulantes, en el centro de la polémica

El análisis de las evaluaciones también plantea dudas sobre el resultado final del concurso. Según los cuestionamientos, algunos postulantes que fueron considerados aprobados no habrían alcanzado el puntaje mínimo requerido, mientras que otros inicialmente desaprobados sí podrían haberlo obtenido de haberse aplicado correctamente los criterios establecidos. Uno de los casos señalados es el de Eduardo Matías Robledo: de acuerdo con la revisión realizada, su examen no habría alcanzado los 60 puntos exigidos para superar la instancia escrita. Sin embargo, fue calificado con 60 puntos, continuó en el proceso y terminó primero en el orden de mérito. El Reglamento establece que esa prueba es eliminatoria y fija en 60 puntos el mínimo necesario para avanzar.

Más exámenes cuestionados

El segundo caso corresponde a Héctor Iván Vito, también integrante de la terna elevada por la Bicameral. En la hoja final de su examen aparece una firma acompañada por una importante tachadura, una circunstancia que, según los cuestionamientos, podría comprometer el anonimato exigido durante la evaluación. El artículo 8 del Reglamento establece que la incorporación de cualquier signo que permita identificar al concursante determina su exclusión automática. Las nuevas observaciones vuelven a poner bajo discusión la transparencia, igualdad e idoneidad del concurso y plantean un desafío para la nueva Bicameral, que deberá definir cómo avanzar en la elección de quien tendrá la responsabilidad de encabezar el organismo encargado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

* Gabriela Micucci. Abogada. Concursante. Denunciante de las irregularidades.