Reforma laboral bajo la lupa judicial: el Gobierno arma una estrategia para defenderla
Tras la media sanción en el Senado, la Casa Rosada da por descontado que la reforma laboral será judicializada.
Javier Milei y Santiago Caputo
EFEEl Gobierno ya trabaja en una estrategia para afrontar lo que considera una judicialización inevitable de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. En la Casa Rosada descuentan que los planteos llegarán apenas la ley sea sancionada por la Cámara de Diputados.
En el oficialismo anticipan que las primeras impugnaciones podrían provenir de la propia Justicia laboral nacional, uno de los sectores alcanzados por el proyecto, y de los gremios, que ya manifestaron su rechazo a varios artículos de la iniciativa.
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Según las fuentes consultadas por el diario La Nación, dentro del Gobierno estiman que los recursos no solo se multiplicarán en los tribunales inferiores, sino que escalarán hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, escenario para el que buscan llegar con una defensa jurídica sólida y coordinada.
Quiénes manejan la estrategia del Gobierno ante una eventual judicialización
El diseño de la estrategia quedó en manos de un núcleo reducido de funcionarios: la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla; y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Los tres mantienen una relación directa con el asesor presidencial Santiago Caputo.
En el caso de los posibles planteos del Poder Judicial, en el Gobierno sostienen que el foco estará puesto en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una medida incluida en la reforma. El proyecto contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que actualmente funcionan sin magistrados designados, lo que implicaría una reducción de cargos y una reorganización profunda del fuero.
Desde el oficialismo defienden el cambio como un avance sobre la estructura de la justicia laboral y como una forma de saldar una deuda de más de 30 años con la autonomía porteña. Sin embargo, la incorporación del tema en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se habría negociado de manera reservada entre las administraciones nacional y porteña, y tomó por sorpresa tanto a jueces como al gremio de empleados judiciales.
Con este escenario, el Gobierno se prepara para una batalla judicial que considera inevitable y que podría convertirse en uno de los principales frentes de conflicto tras la sanción definitiva de la reforma laboral.