Ratificaron el sobreseimiento de Santiago Caputo en la denuncia de Facundo Manes por el cruce en el Congreso
La Cámara de Casación rechazó el recurso presentado por el diputado radical y convalidó que los dichos del asesor durante la apertura de sesiones de 2025 no constituyeron amenazas.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la causa iniciada por el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Facundo Manes, quien lo había denunciado por amenazas e intimidación tras el fuerte cruce ocurrido durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2025.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los magistrados Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó el recurso de casación presentado por la querella del legislador y sostuvo que las expresiones atribuidas a Caputo se produjeron en el marco de una “acalorada disputa política” y no alcanzaron la entidad exigida por el Código Penal para configurar el delito de amenazas.
El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes
El episodio, que derivó en la causa judicial, ocurrió el 1° de marzo de 2025, durante el discurso de apertura legislativa del presidente Javier Milei. Según la denuncia de Manes, el conflicto comenzó cuando el diputado radical interrumpió al mandatario exhibiendo un ejemplar de la Constitución Nacional y cuestionando aspectos de la gestión libertaria. Desde uno de los palcos del recinto, Santiago Caputo habría reaccionado con gritos y gestos intimidatorios.
De acuerdo con la presentación judicial, el enfrentamiento continuó minutos después en uno de los pasillos del Congreso. Allí, según relató Manes, Caputo se le acercó “cara a cara” y le dijo frases como: “Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio” y “Ya me vas a conocer”. El diputado también aseguró que recibió palmadas en el pecho y golpes por parte de personas que acompañaban al asesor presidencial.
La denuncia recayó inicialmente en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y fue impulsada bajo la figura de amenazas coactivas. Sin embargo, tras diversas medidas de prueba, la magistrada archivó el expediente por inexistencia de delito. Días después, la Cámara Federal porteña anuló ese archivo porque no se había resuelto el pedido de Manes para ser aceptado como querellante ni se habían producido algunas pruebas solicitadas por su defensa.
Con la investigación reabierta, el juzgado ordenó nuevas diligencias, analizó videos, testimonios y registros audiovisuales del episodio y finalmente volvió a sobreseer a Caputo. La magistrada entendió que, aunque existió un intercambio verbal agresivo y un tumulto en los pasillos del Congreso, no se comprobó la existencia de amenazas penalmente relevantes ni de agresiones físicas que pudieran corroborarse.
Los argumentos de la Justicia
En su resolución, Capuchetti remarcó que el Congreso es un ámbito de confrontación política y deliberación democrática donde suelen producirse discusiones intensas. “Las discusiones en el interior del Congreso, aunque puedan ser intensas o contener momentos de confrontación verbal, deben ser comprendidas dentro de los márgenes de lo que se considera un intercambio político legítimo”, sostuvo.
La Cámara Federal confirmó luego esa decisión y ahora la Casación Penal ratificó definitivamente el criterio. En el voto que lideró el acuerdo, el cazador Carbajo sostuvo que las expresiones denunciadas no podían analizarse por fuera del contexto político en el que ocurrieron. “Los actos atribuidos a Santiago Luis Caputo acontecieron en el devenir de una acalorada disputa política”.
Además, la Casación destacó que la querella no logró demostrar que existieran nuevas medidas de prueba pendientes capaces de modificar el escenario procesal ya evaluado por las instancias anteriores.
El conflicto entre Manes y Caputo tuvo fuerte repercusión pública desde el inicio y se convirtió en uno de los episodios políticos más tensos dentro del Congreso durante el primer tramo del gobierno libertario. Tras el cruce, el diputado radical afirmó públicamente que el asesor presidencial le había advertido que le “tiraría todo el Estado encima”, mientras desde la Casa Rosada minimizaron el episodio y lo calificaron como una discusión política sobredimensionada.