Presentan un proyecto para esquivar el fallo contra YPF en el Senado: "Avasalla la soberanía nacional"
El senador radical Maximiliano Abad busca establecer un marco político y legal que desaliente al Gobierno a cumplir el fallo contra YPF.
Presentan un proyecto de declaración para "esquivar" el fallo a YPF.
En medio del contundente fallo que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de la petrolera argentina YPF, el senador nacional de la UCR Maximiliano Abad envió un proyecto de resolución que busca reforzar el principio de inmunidad soberana. Manifiesta que la decisión de la Justicia de Nueva York constituye un "grave avasallamiento a la soberanía nacional".
“El interés argentino y la autonomía del país se defienden con apego a la ley, respeto a la Constitución y con una verdadera política de Estado. Su iniciativa tienen como objetivo solicitar a la Cámara Alta que ratifique la inmunidad soberana que se desprende del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones de la petrolera.
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El mismo establece: "A efectos de la instrumentación de la presente y de la registración de la titularidad de los derechos correspondientes a las acciones sujetas a expropiación, deberá dejarse constancia que la expropiación de tales acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".
Dicho proyecto sostiene que el cumplimiento del fallo dictado por la jueza Loretta Preska, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, constituiría "un grave avasallamiento a la soberanía nacional y al principio de inmunidad soberana y no injerencia reconocido por el derecho internacional".
Abad remarcó que “ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes. La transferencia de las acciones de YPF requiere la aprobación del Congreso Nacional por una mayoría calificada, lo que demuestra que el fallo es jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable”.
Según plantea, el Poder Ejecutivo, con esta interpretación normativa en el proceso de apelación, puede consolidar la defensa jurídica del país en los tribunales internacionales. Es decir, que el Senado -al pronunciarse- establece un marco político y legal que desalienta al Gobierno de cumplir con el fallo sin el aval del Congreso, especialmente si se trata de transferir acciones.
“La causa YPF no es solo un litigio judicial, es un capítulo más en la historia de lucha por la soberanía de nuestros recursos. YPF nació para garantizar el dominio argentino sobre el petróleo y sigue siendo una pieza clave de nuestra soberanía económica. El fallo de la jueza Preska busca condicionar esa potestad, beneficiando a intereses especulativos”, sostuvo el legislador radical.
En su proyecto, remarca también los riesgos económicos del cumplimiento del fallo: afectación a las reservas, debilitamiento del mercado financiero local, pérdida de confianza en los inversores y tensiones institucionales internas. “La defensa de YPF es la defensa del federalismo, de la autonomía legislativa y del futuro de nuestros recursos estratégicos”, concluyó.
Argentina apelará el fallo de YPF
El país le debe pagar al fondo Burford Capital y otros demandantes unos U$S16.000 millones como piso. La causa fue iniciada en 2015 por la manera en que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió reestatizar YPF en 2012, sin respetar los derechos de los accionistas minoritarios de la petrolera, y luego que a Repsol se le pagaran unos U$S6.000 millones por el 51% de las acciones renacionalizadas.
Javier Milei, ante este fallo, disparó contra el gobernador bonaerense y quien en ese entonces era titular del Ministerio de Economía de la Nación, Axel Kicillof. "Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país, es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK".
En ese sentido, adelantó que el Gobierno va a apelar "en todas las instancias que corresponda". Tras esta inminente noticia, el presidente se reunió con su Gabinete y funcionarios clave, debido a este golpe legal, así como por las especulaciones alrededor del futuro de uno de sus ministros: el jefe de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, cuyas facultades otorgadas por el Congreso a través de la Ley Bases se vencerán próximamente.