Oficializaron la flexibilización de un requisito clave para el transporte de pasajeros
El Gobierno de Mendoza amplió la antigüedad exigida para los vehículos de transporte escolar, para personas con discapacidad y por plataformas.
Transportes escolares de Mendoza. Imagen de archivo.
El Gobierno de Mendoza promulgó la ley que flexibiliza la antigüedad máxima permitida para los vehículos destinados al transporte de pasajeros en la provincia. La norma fue sancionada hace semanas por la Legislatura y amplía este requisito clave para los transporte escolar, por plataformas, turístico y taxis y remises.
Mediante el decreto Nº 1.854, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador promulgó la Ley Nº 9.651 que modificó las condiciones en las que se realizan las prestaciones de los servicios de transporte de pasajeros contratado general, servicio contratado turístico, servicio contratado por comitente determinado, servicio contratado para personas con discapacidad, servicio escolar, servicio institucional y servicio de transporte privado a través de plataformas electrónicas.
La nueva normativa amplía de 10 a 13 años la antigüedad máxima permitida para el transporte contratado general, turístico, por comitente determinado, para personas con discapacidad, escolar e institucional. En el caso del transporte privado a través de plataformas electrónicas, el límite se eleva de 5 a 7 años.
Asimismo, se estableció que las unidades que superen los 10 años deberán realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada 60 días.
En cuanto al transporte de interés general de taxis y remis, el decreto fija una antigüedad máxima de 10 años para los vehículos eléctricos destinados a taxis y de 8 años para los destinados a remis. También prohíbe la transferencia de permisos, autorizaciones o habilitaciones para el transporte privado de pasajeros cuya inscripción en los registros siga abierta.
La medida se fundamenta en que, según la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, los vehículos con hasta 13 años de antigüedad, sometidos a controles técnicos estrictos cada cuatro meses, no presentan problemas de seguridad para la prestación normal de los servicios.
