Nuevo revés para Javier Milei: la Justicia mantuvo la cautelar a favor de las universidades
El juez Martín Cormick rechazó el pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y le dio tres días para informar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos con las universidades y los gremios.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 rechazó el pedido del Gobierno nacional para levantar la medida cautelar que obliga al Estado a avanzar con el cumplimiento de las disposiciones vinculadas al financiamiento universitario y ordenó que informe, en un plazo de tres días, el grado de ejecución de los compromisos asumidos.
La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, en el marco del expediente iniciado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras organizaciones contra el Poder Ejecutivo Nacional por la aplicación del Decreto 759/25.
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El Gobierno había solicitado el levantamiento de la cautelar a partir de una serie de acuerdos alcanzados en junio con el CIN y las organizaciones gremiales docentes y no docentes. Según la presentación oficial, esos acuerdos y las medidas administrativas posteriores habrían modificado las circunstancias que habían dado origen a la decisión judicial.
Sin embargo, el magistrado consideró que persisten las condiciones que fundamentaron la medida cautelar y sostuvo que el Estado no logró demostrar que los acuerdos alcanzados hayan resuelto de manera efectiva el deterioro de los ingresos, la pérdida de poder adquisitivo y la situación salarial del sector universitario.
El Gobierno había argumentado que la cautelar perdió vigencia
El Poder Ejecutivo había presentado como “hecho nuevo” un acta firmada el 10 de junio entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas organizaciones gremiales.
Entre los compromisos asumidos figuraba un incremento salarial del 24,33% para docentes y no docentes, dividido en un aumento del 21,33% en junio y otro del 3% en octubre.
El acuerdo también contemplaba una actualización del 20% de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, un incremento de $50.000 millones para los hospitales universitarios durante 2026 y una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano desde junio.
Además, se estableció la continuidad de las negociaciones paritarias con una periodicidad que no podría superar los tres meses.
A partir de esos acuerdos, el Gobierno sostuvo que, en lo sustancial, se habían cumplido los objetivos que habían dado origen a la cautelar y que, por lo tanto, había desaparecido el peligro en la demora que había justificado su dictado.
La Justicia consideró que el conflicto sigue vigente
El juez Cormick rechazó ese argumento.
En su resolución, recordó que la medida cautelar había sido otorgada hasta el momento en que se dictara una sentencia definitiva y que esa decisión había sido confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones. Además, señaló que el recurso extraordinario presentado por el Estado había sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026, por lo que la cautelar había quedado firme.
El magistrado sostuvo que el Estado “no ha logrado demostrar el impacto positivo sobreviniente” de los acuerdos y que tampoco acreditó que se hubiera dado una solución efectiva y definitiva al deterioro de los ingresos y a la pérdida salarial del colectivo universitario.
En consecuencia, entendió que no podía considerarse superado el peligro en la demora y que no existían razones suficientes para levantar la medida.
La resolución aclaró, además, que esta decisión no implica un adelanto sobre el fondo de la cuestión, sino que se limita a determinar la continuidad de la protección cautelar mientras avanza el expediente.
El Gobierno deberá informar en tres días
Más allá de rechazar el pedido del Ejecutivo, el juez dispuso continuar con el trámite relacionado con la ejecución de la medida cautelar.
Para ello, ordenó al Gobierno nacional que, dentro de los tres días de notificado, presente un informe elaborado con intervención de las dependencias competentes y acompañado por la documentación correspondiente.
El Ejecutivo deberá precisar cuáles fueron los avances alcanzados a partir de los compromisos asumidos en las actas de junio, cuál es el estado actual de ejecución de esas medidas y cuál es el grado de cumplimiento de la cautelar en su conjunto.
También se reanuda el camino hacia la sentencia
El fallo dispuso además reanudar el llamado de los autos para dictar sentencia en el expediente principal.
De esta manera, la Justicia mantiene vigente la medida cautelar mientras analiza el fondo de la disputa entre las universidades y el Estado nacional.
El fallo representa un nuevo revés judicial para el Gobierno en el conflicto por el financiamiento de las universidades públicas, al menos en esta instancia, ya que el magistrado consideró que los acuerdos salariales y presupuestarios alcanzados durante junio no resultaron suficientes para considerar superadas las circunstancias que habían motivado la protección cautelar.