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Más cárceles, patrulleros y policías: lo que se viene en Seguridad en 2026

La ministra de Seguridad presentó ante la Legislatura los principales ejes del presupuesto para el próximo año. Infraestructura penitenciaria, tecnología aplicada al patrullaje, ampliación del sistema 911 y nuevas leyes forman parte del plan.

La ministra de Segurida, Mercedes Rus.

La ministra de Segurida, Mercedes Rus.

Prensa Legislatura

El Gobierno Provincial dio detalles este jueves sobre el presupuesto que se destinará para el ministerio de Seguridad, donde se prevé la construcción de más cárceles, como ya se había anunciado en mayo, pero además se contratarán más policías y se seguirá invirtiendo en tecnología.

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, expuso ante la comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y aseguró que el presupuesto para la cartera llegará a los $481.000 millones, donde se buscará no solamente mantener el servicio actual, sino mejorar la infraestructura y los servicios tecnológicos.

Rus, quien expresó que este año se realizó la inversión "más grande" en bienes de capital de la historia del ministerio, acotó que para el 2026 seguirán en el mismo sendero.

De hecho, se pretende la contratación para el año que viene de 1.200 efectivos, que serán 900 policías y 300 penitenciarios.

Más cárceles en Mendoza

Por un lado, entre las obras anunciadas se encuentra Almafuerte III, que será la cárcel en Cacheuta destinada a alojar a personas detenidas por delitos menores, como anunció el gobernador Alfredo Cornejo el 1 de mayo en la apertura de sesiones ordinarias.

También se prevé inversiones en lo que hoy se conoce como unidad penal El Cerrito, en San Rafael, que también cuenta con presupuesto para comenzar su construcción en 2026.

“Es muy importante avanzar en infraestructura no solo en materia de comisarías, sino también en la contención de los detenidos, procesados y condenados”, subrayó Rus.

También se invertirá dinero en el fortalecimiento del laboratorio de genética, que ya amplió su capacidad con 4.700 nuevas muestras; el laboratorio forense digital; y el laboratorio de certificación de alcoholímetros, que “el año que viene estará en condiciones de autorizar equipos para Mendoza y para el resto de la región”. Para Rus, Mendoza será “una provincia referente en laboratorios vinculados a la seguridad pública y al esclarecimiento de hechos”.

Entre las obras previstas, se pretende ampliar la comisaría 62; construir la 12 y la 15; y demoler y construir la 17 y la 31. También se creará una oficina de controles policiales unificados interprovinciales; y la ampliación de la planta de tratamientos de Almafuerte.

"Comisarías a bordo" y el doble de cámaras

Entre los pilares del presupuesto está también la "modernización tecnológica". Actualmente hay 400 patrulleros con tecnología que los transforman en una suerte de "comisarías a bordo", y para el 2026 se "fortalecerá" el sistema de videovigilancia y se "duplicará" la cantidad de cámaras.

Todo esto implicará “más conectividad, más servicios tecnológicos y nuevas herramientas de comunicación para los efectivos”.

En cuanto al sistema 911, Rus dijo que ya se trabaja con cartografía actualizada "al instante" y con una app que conecta con sistemas bancarios y de taxis. Pero en 2026 buscarán integrar también el metrotranvía y el transporte público, "sumando más telefonistas y mejorando el abordaje de las emergencias”.

Uso de armas y ley “antiaguantaderos”

Rus también adelantó dos proyectos que enviará a la Legislatura.

El primero, una modificación a la ley 6722 de la Policía de Mendoza, que actualizará “los criterios para el uso de armas de fuego”.

“Creemos que es necesario fortalecer la actuación policial con reglas que protejan al efectivo que está custodiando la seguridad pública”, sostuvo.

El segundo proyecto es la ley "antiaguantaderos", que permitirá al ministerio "intervenir" en inmuebles abandonados o utilizados para actividades delictivas.

“Buscamos facultar al Ministerio de Seguridad para actuar rápidamente, sin afectar la titularidad ni la estructura de los lugares, pero con respaldo legal. Muchas veces se allana un búnker y, al día siguiente, vuelve a ocuparse. Esta ley apunta a evitar eso”, explicó.