Judiciales

Marcelo Costa fue sobreseído en una causa por Fraude al Estado

El concejal de Godoy Cruz estaba imputado por la situación de un empleado de OSEP nombrado cuando el estuvo a cargo de la obra social. Luego de una serie de idas y vueltas, el juez Carlos Parma dictó su sobreseimiento y cuestionó el trabajo de una fiscal y la jueza de primera instancia.

miércoles, 25 de septiembre de 2019 · 20:22 hs

El exministro de Hacienda Marcelo Costa quedó sobreseído en una causa por fraude en perjuicio de la administración pública. Se trata de una investigación que ponía en tela de juicio su accionar como presidente de la OSEP y el cobro indebido de ítems por parte de un empleado nombrado en su gestión. Finalmente la Justicia determinó que el nombramiento no fue irregular y que la irregularidad salarial nace de una adscripción que tuvo lugar luego de que Costa dejara la conducción del a obra social.

El caso parecía encaminado hacia el sobreseimiento desde hace meses, pero el 21 de junio la jueza María Belén Renna sorprendió al determinar la elevación a juicio de la causa. Lo que llamó la atención a la defensa de Costa es que la magistrada desestimó la postura del fiscal Hernán Ríos, que también entendía que correspondía sobreseer al exfuncionario.

Para entender el litigio, hay que remontarse al año 2016. Al asumir el gobierno de Alfredo Cornejo, se designó al frente de OSEP a Sergio Vergara. En ese momento, la gestión de Vergara detectó que había personal de la obra social que pese a estar adscripto a otras dependencias estatales nunca dejó de percibir ítems adicionales propios a las tareas que cumplían en OSEP. Ese era el caso de Gustavo Adolfo Agüero, quien en diciembre del 2011 fue adscripto al Ministerio de Desarrollo Social y luego pasó al Ministerio de Ambiente, pero siempre cobrando los adicionales de OSEP. En base a ello, se calculó que Agüero había cobrado de forma indebida casi un millón de pesos.

A Costa se lo imputó como participe necesario en el fraude pero para el fiscal Hernán Ríos no existían elementos como para elevar el caso a juicio. La postura del representante del Ministerio Público era que Costa ya no era director general de OSEP cuando se firmó la adscripción de Agüero al Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la jueza Renna rechazó el pedido de sobreseimiento y determinó la elevación a juicio argumentando que el accionar de Costa era comparable al "de un dueño de empresa de seguridad que antes de dejar de prestar un servicio en un inmueble deja una escalera apoyada en la pared para que luego ladrones la utilicen". En otras palabras, Renna entiendía que Costa era "partícipe necesario para que al agente Agüero le liquidaran y abonaran adicionales y suplementos que no le correspondían".

Pero este miércoles el juez Carlos Parma desestimó con contundencia los argumentos de la jueza de primera instancia y calificó como "absurdo" el ejemplo de la escalera.

"Fue un fallo muy bien fundado y crítico con el obrar de la fiscal Claudia Ríos y la jueza Renna. Criticó la carencia de fundamentación de la elevación a juicio", señaló a MDZ el abogado defensor de Costa, Pablo Cazabán.

"El juez dejó claro que el objeto de análisis no era la designación sino la adscripción por la que Agüero cobró los suplementos", advirtió Cazabán. En este sentido, el abogado dijo que Parma expresó en su fallo -que se dio de forma oral- que con el criterio de la jueza Renna si un magistrado comete prevaricato podría considerarse responsables a los jueces que le tomaron juramento, el gobernador que propuso su pliego o los legisladores que lo aprobaron.

"La designación por si misma no puede ser un delito", concluyó Cazabán sobre lo resuelto esta mañana. Por último afirmó que es poco probable que el caso llegue a la Corte y anticipó que si eso llegara a ocurrir el Ministerio Público -en base a lo actuado por Hernán Ríos- debería mantener la postura de solicitar el sobreseimiento.

El caso Agüero

Gustavo Adolfo Agüero, fue nombrado en OSEP a fines del 2011 y al poco tiempo adscripto al Ministerio de Desarrollo Social. De allí pasó al Ministerio de Ambiente, pero siempre cobrando los adicionales de OSEP. En base a ello, se calculó que Agüero había cobrado de forma indebida casi un millón de pesos.

Si bien fue cesanteado de OSEP, la Suprema Corte le dio lugar a una medida cautelar y determinó que siga trabajado hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Pero paralelamente, avanzó la causa penal por fraude en perjuicio de la administración pública.