Los partidos políticos recibirán cerca de $2.000 millones en aportes estatales este año
La resolución establece que los aportes estatales para 2026 serán distribuidos entre los partidos políticos, aunque se descontarán de los montos asignados las deudas, multas y sanciones impuestas por la Justicia Electoral.
El Ministerio del Interior oficializó la distribución de $1.994.986.579,76 del Fondo Partidario Permanente para financiar el funcionamiento de los partidos políticos durante 2026, según una resolución publicada este martes.
Los recursos serán asignados de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que combina una distribución igualitaria entre todas las agrupaciones habilitadas y otra proporcional a los votos obtenidos en las últimas elecciones legislativas nacionales.
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Del monto total, $398,9 millones serán repartidos en partes iguales entre los partidos reconocidos, mientras que $1.595,9 millones se distribuirán en función del caudal electoral alcanzado por cada fuerza en la última elección de diputados nacionales. Para acceder a esta última porción de los fondos, los partidos deben haber obtenido al menos el 1% del padrón electoral.
La resolución detalla que el fondo a distribuir se conformó a partir de los recursos presupuestados para 2026, a los que se sumaron remanentes del ejercicio anterior, devoluciones y fondos provenientes de multas y sanciones aplicadas a agrupaciones políticas. En conjunto, estos conceptos permitieron elevar significativamente el monto disponible para este año.
Asimismo, el Gobierno dispuso que los partidos que mantengan deudas con el Estado o registren multas y sanciones impuestas por la Justicia Nacional Electoral verán descontados esos importes de los aportes que les correspondan. Los fondos recuperados por estas deducciones volverán a integrarse a la cuenta del Fondo Partidario Permanente.
La medida también establece que quedarán excluidas de la distribución aquellas agrupaciones sobre las que exista una resolución judicial que haya determinado la pérdida del derecho a recibir financiamiento estatal.
Por último, se autorizó a la Dirección Nacional Electoral a avanzar con los pagos una vez que cada partido acredite el cumplimiento de las obligaciones legales vinculadas a la presentación de documentación contable y financiera exigida por la normativa vigente.