Economía

Los dos secretos mejor guardados del Gobierno

Los desafíos económicos para que Rodolfo Suarez pueda cumplir con sus promesas de generar riqueza y empleo en la provincia son importantes. El acuerdo de confidencialidad firmado con una empresa para volver a desarrollar Vale del cual no se saben detalles y las restricciones en el gasto público que vienen.     

domingo, 13 de octubre de 2019 · 14:59 hs

Los desafíos económicos que tiene por delante Rodolfo Suarez son gigantes, si pretende cumplir con sus promesas de campaña para reactivar la producción, generar riqueza y mejorar el empleo.

Fuera de la realidad macroeconómica, que dependerá de las políticas que aplique el próximo presidente de la Argentina, el paquete de iniciativas provinciales que el próximo gobernador tiene en carpeta deberán sortear diversos problemas.

La realidad de Mendoza habla hoy con datos duros: los principales motores de la economía sufrieron una contracción que impidió el crecimiento por tercera vez en los últimos cinco años.

En ese mismo tren, por caso, la vitivinicultura tuvo una caída de ventas en el mercado interno, aunque el dólar caro favoreció a las exportaciones de vinos y mostos; cayó la extracción y la producción de petróleo; el comercio arrastra al menos dos años muy malos por el menor poder de compra de los asalariados; la falta de crédito castigó a las pequeñas y medianas empresas y asimismo el retiro de la inversión (sobre todo nacional) y la suba de costos fustigaron a la construcción.

En este contexto, solo lograron sobreponerse a la crisis las exportaciones vinculadas al agro y el turismo.

El empleo informal creció hasta superar el 40%, la inflación promedió valores superiores a la nacional (15% en 2016, 24% en 2017, 53,7% en 2018 y se espera que este otra vez por encima del 50% este año); crecieron la pobreza y la desigualdad (en este último rubro por encima de la media nacional incuso) y la desocupación pasó del 3,5% al 8,8% en menos de cuatro años.

El plan es apostar, en el mediano y largo plazo, a dos ideas fuertes: desarrollar tanto Vaca Muerta como la minería, para usarlos de motores para generar trabajo y riqueza. En la cabeza de Suarez ronda la idea de terminar generando un círculo virtuoso. Esto es, aprovechar los recursos que generarán las dos actividades para destinarlos, entre otras iniciativas, a obras de infraestructura que mejoren la gestión del agua.

Una de las apuestas fuerte es la reactivación de lo que fue en su momento el plan minero de Vale. El proyecto quedó trunco en 2013 por la salida de los propios inversores de origen brasilero, que habían dejado intacta una inversión de más de U$S 1.000 millones en infraestructura para la extracción y el procesamiento del cloruro de potasio en ese yacimiento situado aproximadamente a 200 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe.

La caída del proyecto, sin lugar a duda, movió fuerte la aguja económica de la provincia y tuvo un efecto devastador en los índices de empleo mendocino.

Según un estudio de la consultora mendocina Ideal, en aquel momento, la economía provincial precisó al menos un año para crear la cantidad de puestos de trabajo directos (unos 4.500) que estaban relacionados con Vale y de dos años y medio para cubrir el empleo indirecto (unos 6.500 empleos), que dependían de la firma que terminó resignando inversiones aquí y que luego terminó involucrada en el escándalo del Lavajato en su país.

Desde el punto de vista financiero, se calcula que el Estado provincial dejó de recaudar unos $305 millones ( a valores de hace seis años) en concepto de regalías mineras y perdió ingresos brutos a partir de 2015, cuando estaba proyectado que se alcanzaría la etapa plena de producción.

En 2012 la provincia creció en el orden del 2% y parte de ese crecimiento del Producto Bruto Geográfico (PBG) se explicó por la inversión de Vale en la construcción de la mina.

Se estima que el flujo financiero que volcó Vale ( los más de U$S1.000 millones) aportaron, como mínimo, un punto del crecimiento del PBG durante ese año.

Hacia finales del mes pasado, el gobierno provincial anunció un acuerdo con Vale través del cual la empresa se desprende de los activos del yacimiento para traspasárselos a la provincia.

En el ideario del próximo gobernador, está no sólo la explotación de las sales de potasio. Sino que también mira a las obras ya realizadas allí como un polo de desarrollo para Vaca Muerta. Los brasileros, por caso, construyeron en esa zona del lejano Sur provincial hasta un aeropuerto.

Pero el plan no resultará tan sencillo. Para reactivar la mina, se está a la búsqueda de un inversor que aporte los U$S 1.500 millones que hacen falta.

Aquí uno de los secretos mejor guardados de Cornejo: Mendoza ya tiene firmado un acuerdo de confidencialidad con una empresa que está dispuesta a poner los recursos necesarios.

Sin embargo hay una traba importante: las sales de potasio (desde hace varios años) han depreciado su valor y ya no es un negocio apetecible como sí lo era hace una década.

Lo que le resta al próximo gobierno en este sentido, es avanzar con el proyecto para que, en caso de que las sales recuperen su valor, estar listos para comenzar la explotación.

Con el impulso a la minería (sobre todo la metalífera), el gobernador electo siempre se mostró mucho más decidido que Alfredo Cornejo. Incluso fue claro en la campaña en su voluntad de modificar la ley 7722 cuyos términos, se sabe, impiden del desembarco de la actividad a gran escala.

Desde que asumió, Cornejo no quiso abrir el debate por la modificación de la ley 7722 pendiente de la conflictividad social que el tema despierta.

Para él, discutir esa ley de 2007 y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Suprema Corte, siempre fue considerado como un beneficio que podría llegar a largo plazo. Pero con costos políticos altísimos y a pagar en el corto plazo.

Cuando una iniciativa del PJ para cambiar la ley, presentada por el senador Alejandro Abraham, se conoció el año pasado, Cornejo solo la dejó correr. Esa ley se terminó acoplando con otro proyecto presentado por otro Justicialista, Juan Agulles, quien desde hace tiempo también viene insistiendo con la misma modificación, aunque con algunas diferencias.

De la voluntad política de Suarez y de los acuerdos que logre con el peronismo, se sabrá si finalmente la minería tendrá lugar en la provincia o no.

Vaca Muerta es más complejo. La actual administración le dio impulso al desarrollo del parque industrial de Pata Mora, en Malargüe, aunque ese polo solo servirá para albergar a las empresas que brindan servicios petroleros. No ayudará a aumentar la producción de petróleo y de gas no convencional en ese reservorio vital para el futuro de Mendoza.

Dos medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri tuvieron un impacto fuerte en las inversiones en esta área. Una de ellas fue el congelamiento por 90 días del precio de los combustibles, que se tradujo directamente en una baja de la producción de petróleo y en una retracción de perforaciones nuevas que se paralizaron hasta que, al menos, pase el temblor.

Y el otro punto es saber qué pasará con las restricciones para sacar divisas al exterior que, en buena medida también, afectaron las inversiones. Allí se conoció hace unas semanas un proyecto de ley elaborado por los equipos técnicos de Alberto Fernández. Se trata de una iniciativa para lograr un nuevo marco integral para Vaca Muerta en el que trabaja el economista Guillermo Nielsen, uno de los colaboradores del candidato presidencial, para igualar las condiciones de las que disponen los inversores del gas no convencional en los Estados Unidos. En nuestro país las empresas están intentando que esa regulación también abarque al petróleo, aunque el fin del proyecto es uno: generar el estímulo para que los inversores puedan tener libre disponibilidad para las divisas obtenidas de la exportación.

Uno de los grandes objetivos para la generación de empleo estará en la construcción del dique Portezuelo del Viento. La obra no comenzará hasta finales del 2020 y será un engranaje clave para la producción en el Sur. Pero con un efecto arrastre sobre el resto de la provincia, seguramente. Se calcula que serán más de 11.000 los puestos de trabajo que se requerirán y además la construcción de esa represa generará un impulso a otras industrias como la metalmecánica, por ejemplo.

Pero hay un dato más importante. Cuando la obra esté concluida (se calcula que demorará unos cinco años al menos) el producido de la generación eléctrica quedará en menos de la provincia y esos recursos serán destinados a un fideicomiso que servirá para financiar otros diques. Es decir, si los objetivos se cumplen, Mendoza contará con un fondeo propio para encarar este tipo de obras a futuro.

Hace unos meses nada más, el gobierno nacional anunció que emitirá Letras del Tesoro denominadas en dólares estadounidenses (Letes) por un plazo de cuatro años para cubrir los U$S 1.023 millones que cuesta la megaobra. El primer desembolso se realizará antes de fin de mes (casi U$S 7000 millones) y el resto se irá depositando de manera paulatina hasta cubrir el total en octubre de 2024.

¿Puede no llegar ese financiamiento? No debería ocurrir, aunque la Argentina en ese sentido es impredecible. En caso de que Alberto Fernández gane y decida no pagar, la provincia tiene las herramientas legales como para reclamar por ese compromiso.

Para un gobierno que hizo de la austeridad en el manejo de las cuentas un logro, podría sonar raro que el año que viene se haga necesario aplicar un torniquete en el gasto del Estado. Es una regla no escrita en el manejo que históricamente realizaron los radicales de la cosa pública: el primer año controlan el gasto, en el segundo (con elecciones de por medio) lo liberan un poco más, en el tercero vuelven ajustar y en el cuarto (otra vez una elección) lo disparan fuerte.

Cornejo no habría escapado en 2019 de esa lógica y algunas señales ya dio el electo de lo que le preocupa: anunció que, si los niveles de inflación continúan altos, será imposible negociar en las paritarias que se vienen la implementación de la cláusula gatillo.

Seguramente serán tiempos de conflictividad con los gremios estatales los que se avecinan. Pero Suarez tendría una carta a favor: si Alberto gana, ya anunció que buscará un pacto de gobernabilidad que incluirá a los sindicatos.

El otro aspecto será el pago de los intereses de la deuda. El peronismo ya anticipó que volverá a discutir en la Legislatura , en el marco del debate del Presupuesto, el tema del endeudamiento.

El muy probable que el ministerio de Hacienda vuelva a incluir en su pauta de gastos el acceso a nuevo deuda para hacer frente a sus obligaciones (roll over). Aunque es igual de probable que el peronismo le vuelva a negar esa posibilidad, como ya hizo en 2019.

¿De dónde sacará Mendoza los recursos para pagar si no puede tomar nuevos préstamos? Y aquí está el otro gran secreto de esta gestión: dependerá del colchón que Hacienda haya hecho en estos últimos años.

De manera inesperada, cuando el Gobierno nacional anunció en agosto pasado el reperfilamiento de la deuda, se supo que Mendoza había adquirido Letes por un valor de $205 millones que claramente formaban parte de ese colchón.

¿Cuánto más hay? Cornejo y un par de ministros más, son los únicos que lo saben.