Los "acomodos" en la Justicia: el reclamo que los frenaría
Para el gremio de Judiciales, avanzar en el Convenio Colectivo de Trabajo de la Justicia es clave. La mirada de la Corte sobre la situación.
El reclamo del convenio colectivo de trabajo que frenaría los acomodos en la Justicia. Foto: MDZ/archivo
El Sindicato de Empleados Judiciales de Mendoza, conducido por Ricardo Babillón, encendió las alarmas tras convertirse en el único gremio estatal en rechazar la oferta salarial del Gobierno provincial para el segundo semestre. Más allá del reclamo puntual por los haberes, la conducción sindical colocó en el centro del debate una deuda institucional pendiente: la concreción del Convenio Colectivo de Trabajo para la Justicia, que obliga, entre otros puntos, para que todos los cargos sean por concursos y evitar lo que consideran desde el gremio "acomodos".
Desde la entidad aseguran que la falta de un marco normativo unificado no solo afecta los sueldos de la base, sino que perpetúa la discrecionalidad en el ingreso y ascenso dentro del Poder Judicial. Sobre este punto, Babillón lanzó, en diálogo con el programa After Oficce MDZ Radio, que: "Si logran concretar el Convenio Colectivo se terminan los regalos para los amigos, ya que cada cargo exigirá requerimientos claros y se acabará la costumbre de repartir categorías a fin de año", espetó.
La respuesta de la Corte sobre el convenio colectivo de Trabajo
Fuentes judiciales aseguraron a este diario "que la Corte tiene voluntad para trabajar en el Convenio Colectivo de Trabajo" pero que "se ha retrasado el tratamiento por distintas razones".
Una de ellas, es que no están trabajando los dos gremios Judiciales en el Convenio Colectivo. La Asociación de Funcionarios Judiciales que representan las clases del 1 al 7 ya no están presentes en la mesa de diálogo, por lo tanto desde el máximo tribunal consideran que no se puede profundizar sólo desde la 8 a la 27 porque sería trabajar con una parte del personal.
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El Convenio Colectivo de Trabajo fue una promesa de campaña del gremio que dirige Babillón. En 2024, luego del extenso paro de casi tres meses de los auxiliares fiscales, la Corte derogó una acordada judicial que le impedía participar de las paritarias y comenzó una serie de reuniones para avanzar con el Convenio.
Si se llegara a un acuerdo, debe ser aprobado por la Legislatura provincial.
La denuncia del gremio sobre los "acomodos" en la Justicia
A pesar de que el compromiso para avanzar en la reglamentación del convenio se consensuó hace dos años tras la derogación de la acordada salarial de la Suprema Corte, la mesa de negociación se encuentra paralizada. Para el gremio de empleados judiciales, el estancamiento responde al desinterés de la cúpula judicial por perder resortes de poder informal.
Sin un escalafón por mérito, el ingreso a las categorías más altas de la carrera administrativa se otorga frecuentemente sin pasar por concursos de antecedentes ni exámenes abiertos, de acuerdo a lo que sostiene Babillón.
En ese sentido, el titular del gremio de los empleados Judiciales explicó por qué rechazó nuevamente el ofrecimiento salarial. "El rechazo a la pauta del 11% responde a un deterioro del salario real que impacta de lleno en la prestación del servicio. El salario de un empleado ingresante ronda entre los 800 mil y 850 mil pesos de bolsillo, ubicándolo cerca de la línea de indigencia, mientras que en las oficinas fiscales alcanza los 950 mil pesos por jornadas de ocho horas. Esta realidad contrasta fuertemente con los haberes donde un juez de Corte percibe entre 14 y 15 millones de pesos, si se toma el que menos gana", agregó.
Además, sostuvo que hay renuncias significativas en el Poder Judicial de empleados que prefieren "manejar Uber o ponerse un negocio en lugar de seguir trabajando". En esa línea afirmó que "Esta precariedad derivó en un fenómeno inédito de renuncias masivas y postulantes que desisten de asumir tras aprobar los exámenes al conocer las remuneraciones. En los últimos tres años, la planta pasó de 3.500 a 3.170 empleados, obligando al cierre de hasta un 50% de las oficinas fiscales en zonas vulnerables. Actualmente, el Poder Judicial mendocino funciona con un 30% menos del personal necesario", por lo que desde el gremio insisten en que la puesta en marcha del Convenio Colectivo es el único camino para ordenar la estructura institucional.
