Ley de Glaciares: fuerte choque en Diputados y el debate podría terminar en la Justicia
Diputados finalizó las audiencias por la Ley de Glaciares sin definir plazos y con fuertes críticas, advertencias judiciales y posiciones enfrentadas.
Diputados tratará la Ley de Glaciares en audiencia pública
La Cámara de Diputados concluyó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas —esta vez bajo modalidad virtual— por la reforma de la Ley de Glaciares, en un proceso que sigue sin un cronograma definido para la firma de dictámenes ni para su eventual tratamiento en el recinto.
Antes de avanzar, el oficialismo evalúa convocar a una nueva reunión informativa que incluya a gobernadores de la denominada “Mesa del Cobre”, alineados con el impulso minero, así como a referentes propuestos por la oposición que rechazan la iniciativa.
Una de las opciones que se analiza es realizar ese encuentro en la primera quincena de abril, en un intento por destrabar un debate que continúa empantanado.
Críticas al proceso y advertencias judiciales
Al igual que en la jornada presencial del miércoles, la segunda audiencia estuvo atravesada por cuestionamientos al límite de expositores habilitados. También se reiteraron advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían afectar la validez de la ley si finalmente es sancionada.
El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone flexibilizar las restricciones vigentes para la actividad minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares y transferir a las provincias la facultad de definir qué áreas deben protegerse.
El rol del IANIGLA y el inventario de glaciares
Uno de los expositores centrales fue Pablo Villagra, titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), quien cuestionó el texto aprobado en la Cámara alta.
“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, sostuvo.
Además, defendió el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta clave para el ordenamiento territorial: “Se detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 en las islas. Incluyendo las islas es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera. No del país, de la cordillera”, enfatizó.
Argumentos a favor: desarrollo e inversión
Desde el sector minero y algunos especialistas hubo respaldo a la reforma. El geólogo Marcelo Placet afirmó que “son falsedades” los planteos que advierten sobre un riesgo para el agua o sobre el interés de potencias extranjeras en los recursos.
En la misma línea, el especialista Eddy Lavandaio sostuvo que la ley vigente fue impulsada por “los enemigos del desarrollo minero argentino” y aseguró que la reforma apunta a promover inversiones sin abandonar la protección ambiental.
“He leído el proyecto y no veo ningún párrafo que imponga la eliminación de los glaciares ni tampoco dejar a los ríos sin agua y menos aún la destrucción de ecosistemas. Todo eso solamente está en la mentalidad de los enemigos de los mineros y de las familias de los mineros. Son en realidad enemigos del desarrollo del país”, insistió.
Rechazos por inconstitucionalidad y regresión ambiental
Desde el lado opuesto, organizaciones y especialistas cuestionaron la constitucionalidad de la iniciativa. María Pia Silva, del colectivo Defensoras del Agua de Famatina, afirmó que la reforma es “inconstitucional” porque vulnera el artículo 41 de la Constitución y el principio de no regresividad.
En tanto, la abogada Ananda Lavayén advirtió que el proyecto implica “un retroceso” y pone en riesgo el principio de progresividad ambiental, al debilitar la protección de ecosistemas clave.
“Los glaciares no sólo son formaciones de hielo sino reservas fundamentales de agua dulce que regulan los ciclos hídricos, sostienen la biodiversidad y garantizan condiciones de vida digna para millones de personas. Por eso su protección no es una cuestión ambiental sino una cuestión de Derechos Humanos”, señaló.
Camaño: “Retroceder en materia ambiental es renunciar al futuro”
La ex diputada Graciela Camaño también rechazó la reforma y defendió la ley vigente como un piso mínimo de protección. “Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, afirmó.
Asimismo, cuestionó el proceso legislativo y el cumplimiento de estándares internacionales: “Tiene jerarquía superior a las leyes y consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”.
“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones”, advirtió.
Y concluyó: “Este proyecto cuyo objeto no es la minería sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
Un debate masivo y aún abierto
Con más de 100.000 personas inscriptas, el oficialismo implementó un esquema mixto de participación que combinó exposiciones presenciales y virtuales, mientras que el resto de los interesados debió enviar sus aportes por escrito o en formato audiovisual.
Pese a los reclamos para extender el proceso, el oficialismo ratificó el cronograma definido por las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, en un debate que sigue abierto y sin fecha de definición.