Ley de Emergencia en Discapacidad: nuevos montos, auditorías y beneficios a empleadores

El Senado de la Nación ratificó este jueves la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que introduce cambios significativos en el financiamiento de prestaciones, pensiones y beneficios para personas con discapacidad. La iniciativa, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, busca regularizar deudas históricas con prestadores del sistema de salud y garantizar una actualización mensual de aranceles según los índices de inflación que difunde el INDEC.

No ocurría desde hacía 22 años que el Congreso, con el respaldo de ambas cámaras, rechazara una decisión del Poder Ejecutivo de esta magnitud. Según lo establece el artículo 83 de la Constitución Nacional, una vez que Diputados y Senado insisten con la aprobación de una norma por dos tercios de los votos, el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarla.

En esta ocasión, la negativa a sostener la ley solo vino de un pequeño grupo: cinco de los seis senadores de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto, a los que se sumaron el monobloquista formoseño Francisco Paoltroni y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero. La oficialista Vilma Bedia no participó de la votación, aunque permaneció dentro del recinto.

Los puntos más relevantes de la Emergencia en Discapacidad

• La declaración de emergencia nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2026, con alcance en todo el país.

• La actualización de las prestaciones para cubrir la diferencia entre los valores vigentes y la inflación acumulada desde 2023.

• El pago de deudas con prestadores y la obligación de reajustar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

• Pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, con la posibilidad de que los beneficiarios trabajen siempre que no superen dos salarios mínimos.

• Una compensación de emergencia financiada por el Tesoro Nacional para los prestadores de servicios.

• Un refuerzo fiscal estimado entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevas altas que se registren, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

• La obligación de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) de llevar adelante auditorías transparentes, con criterios de salud y situación socioeconómica, que garanticen notificaciones fehacientes, debido proceso inclusivo y acceso claro a la información.

• Incentivos para empleadores: quienes contraten trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado quedarán eximidos del 50% de las contribuciones patronales y previsionales durante tres años.

Con esta sanción, el Congreso refuerza un marco legal destinado a garantizar la cobertura y mejorar la calidad de vida de miles de personas con discapacidad, al tiempo que busca dar estabilidad al sistema de prestaciones y a sus prestadores.