La Justicia ordenó investigar la denuncia de Pablo Toviggino y dejó abierta la pista del supuesto complot contra la AFA

La Sala I de la Cámara Federal Porteña resolvió tramitar por separado dos causas que apuntan a presuntas maniobras que tendrían como fin perjudicar a la plana mayor de la Asociación del Futbol Argentino.

El camarista Mariano Llorones determinó que el expediente iniciado a partir de una denuncia de Pablo Toviggino continúe en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, pero dejó abierta la posibilidad de que en el futuro la investigación sea unificada con otra causa que analiza una supuesta maniobra para perjudicar a los dirigentes de la AFA.

Pablo Toviggino sostuvo que existía una maniobra dirigida contra él y otros integrantes de la entidad a partir de información periodística según la cual el juez en lo Penal Económico Diego Amarante habría mantenido contactos con autoridades de ARCA para que el organismo ampliara la causa por retención indebida de aportes y agravara la situación procesal de los dirigentes investigados. La defensa del dirigente, encabezada por el abogado Marcelo Rocchetti, planteó además que la actuación del magistrado podía configurar un supuesto “forum shopping”.

La acusación se superpuso con otra investigación federal, iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan a partir de un correo anónimo. Allí se analiza una supuesta operación para obtener un pendrive perteneciente al excolaborador de la AFA Juan Pablo Beacon quien durante años fue colaborador de Pablo Toviggino, y utilizar su contenido, presuntamente adulterado o tergiversado, como prueba en una causa penal contra dirigentes de la entidad.

De acuerdo con la denuncia, integrantes del Poder Ejecutivo y exmiembros de la Secretaría de Inteligencia del Estado habrían intentado acceder al dispositivo para luego tergiversar su contenido y utilizarlo como prueba contra dirigentes de la AFA.

La conexión entre ambos expedientes fue precisamente el eje de la disputa entre los juzgados. Mientras que Capuchetti entendió que podían ser partes de una misma maniobra contra la AFA, su par del Juzgado N1, María Romilda Servini, consideró que se trataba de hechos independientes y sin una relación suficientemente demostrada.

Llorens determinó que la causa continúe bajo la órbita de Capuchetti porque, en esta etapa, esa sede está en mejores condiciones para profundizar la pesquisa. No obstante, advirtió que todavía no puede afirmarse que ambos expedientes formen parte de una misma operación.

La decisión adquiere relevancia porque se produce en medio de un enfrentamiento judicial más amplio entre la conducción de la AFA y distintos organismos estatales. Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia enfrentan desde marzo una investigación del juez Amarante por presuntas irregularidades tributarias y previsionales. En mayo, ARCA amplió la denuncia y planteó una hipótesis de presunta asociación ilícita fiscal vinculada con facturación apócrifa.

Al mismo tiempo, la controversia por el pendrive sumó otro elemento judicial: el juez federal Adrián González Charvay decidió excluirlo como prueba debido a que, según la DAJuDeCO, no podía garantizarse la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos almacenados.