La Justicia frena el desguace de Vialidad Nacional

Una jueza federal puso el freno de mano al arrollador avance del Gobierno nacional sobre Vialidad Nacional. Y lo hizo por una razón sencilla pero contundente: no se puede dinamitar un organismo técnico esencial sin violar la Constitución, los tratados internacionales y los derechos laborales más básicos.

La medida cautelar dictada por la jueza Martina Forns ordena suspender todo acto derivado del Decreto 461/2025 que disponía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), incluyendo traslados, cesantías, reubicaciones, suspensiones y supresión de estructuras. En criollo: no pueden mover una baldosa.

¿Por qué frena la Justicia?

Porque Vialidad Nacional no es un kiosco estatal que el Poder Ejecutivo puede abrir o cerrar a piacere. Es un ente autárquico con funciones técnicas específicas, protegido por leyes, convenios colectivos y tratados internacionales. Y la famosa Ley Bases, con todas sus polémicas, no habilita la disolución de este tipo de organismos.

La jueza detalla que Vialidad se encuentra incluida en el inciso c) del artículo 8 de la Ley 24.156, es decir, como ente público no empresarial con autarquía financiera y personalidad jurídica propia, fuera de la órbita de intervención que la Ley Bases le delegó al Presidente. En otras palabras: no lo puede tocar ni con un decreto ni con una varita mágica.

Protección laboral, no verso tecnocrático

Uno de los pilares del fallo es la defensa del principio de estabilidad laboral. El Decreto 461/2025 intentaba disfrazar un recorte salvaje con una redacción elegante, pero no engañó a la magistrada: el artículo 32 del decreto establecía una “estabilidad transitoria”, que en realidad abría la puerta a despidos, traslados forzosos y vaciamiento funcional.

La jueza recuerda lo obvio que muchos prefieren olvidar: los trabajadores del Estado también tienen derechos. Y si están cubiertos por convenios colectivos con fuerza de ley, esos derechos no se pueden derogar por decreto. Así lo establecen los artículos 7, 8 y 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, además de los convenios 87, 98 y 151 de la OIT, con jerarquía constitucional.

El principio olvidado: los usuarios viales

Detrás de esta discusión legal, hay un dato político que este gobierno parece ignorar a propósito: Vialidad Nacional no es una cueva de burócratas, sino un engranaje clave para la seguridad y el mantenimiento de las rutas del país. Su existencia garantiza obras, señalización, conservación y control de calidad, funciones que no pueden improvisarse ni tercerizarse alegremente.

¿Quién cuida las rutas si se liquida Vialidad? ¿Qué pasa con los usuarios viales cuando el Estado abdica de su deber técnico y de control? La respuesta es fácil: más accidentes, más muertes, más abandono y más negocios para unos pocos.

El fallo judicial no solo defiende trabajadores, defiende ciudadanos

La jueza Forns no solo protege derechos laborales. Su fallo también defiende el derecho de todos los argentinos a un Estado que funcione con legalidad, previsibilidad y control técnico. Y eso, en materia de infraestructura vial, no es un lujo: es una cuestión de vida o muerte.

Vialidad Nacional es un organismo esencial, no una caja para rifar ni un obstáculo ideológico. Su destrucción no solo viola leyes laborales, sino que pone en riesgo el interés público más básico: la seguridad de millones de usuarios que transitan las rutas argentinas todos los días.

Basta de atropellos

El Gobierno nacional quiso arrasar con decretos y promesas de eficiencia lo que lleva décadas construir. Pero esta vez la Justicia dijo basta. Y lo hizo con fundamentos sólidos, jurídicamente impecables y políticamente irrefutables.

Ahora la sociedad debe acompañar. No podemos permitir que la obsesión por “achicar el Estado” se lleve puesta la seguridad vial, el empleo digno y la planificación pública.

Vialidad no se toca. Ni por decreto, ni por negocios. Porque donde no hay Estado, hay abandono. Y donde hay abandono, hay muertes.

Mirá qué dice el fallo: