La Justicia define la detención de CFK y el Gobierno espera un centro para desactivar la marcha a Comodoro Py
La Justicia debe decidir si le otorga o no la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, mientras el Gobierno puja porque la exmandataria no deba ir a Comodoro Py. La marcha del miércoles, un peligro latente.
El Tribunal Oral Federal N°2 decidirá si le otorga la prisión domiciliaria a Cristina Fernández de Kirchner, mientras el Justicialismo y La Cámpora preparan una marcha masiva para el miércoles hacia Comodoro Py.
Noticias ArgentinasPor estas horas, tanto Cristina Fernández de Kirchner como el Gobierno de Javier Milei tienen los ojos puestos sobre el Tribunal Federal Oral N°2, que debe decidir si le otorga o no la prisión domiciliaria a la expresidenta condenada en la causa Vialidad. De fondo, la amenaza de la marcha convocada por el kirchnerismo a Comodoro Py.
Dónde cumplirá su pena Cristina Fernández de Kirchner
Los motivos son distintos, pero ambos quieren lo mismo. Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema que dejó firme su sentencia a 6 años de prisión, la defensa de Cristina Kirchner solicitó que la exmandataria pueda cumplir su pena desde su domicilio en San José 1111 en lugar de en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
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El argumento del abogado Carlos Beraldi fue que tanto por su condición de expresidenta como de víctima de un intento de asesinato en 2022, a Fernández de Kirchner le corresponde cumplir su condena en su departamento, a la par que también solicitó no utilizar tobillera electrónica, bajo el argumento de que la exmandataria cuenta con seguridad oficial permanente durante las 24 horas. Además está el factor de la edad: la líder del PJ tiene 72 años.
A esa discusión se suman definiciones sobre cuál podría ser el régimen de visitas, su uso de las redes sociales e incluso si se le permite salir al balcón, como lo hizo todos los días para saludar a los militantes congregados frente a su domicilio desde que se conoció el fallo del máximo tribunal, gesto que irritó a un sector de la política y el periodismo.
Según Carlos Beraldi, "no hay restricciones salvo que el tribunal expresamente las imponga como regla de conducta, que lo podrían eventualmente hacer", y aclaró: Nunca vi que lo hicieran, pero podrían hacerlo".
En cambio, si el tribunal decidiera no hacer lugar al pedido de la expresidenta, esta deberá cumplir sus 6 años de prisión en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) seleccionada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Las opciones ya fueron presentadas al TOF2 y aguardan en un sobre cerrado dentro de una caja fuerte.
Esta segunda opción fue la que finalmente dictaminaron este martes los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, que ya habían solicitado la "inmediata detención" de Fernández de Kirchner en lugar de los 5 días hábiles que le dio el TOF2 a la expresidenta para presentarse en Comodoro Py. Sin embargo, la palabra final la tiene el tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
La amenaza de la movilización
En ese escenario, el kirchnerismo no piensa dejar las chances de su líder libradas a la voluntad del Poder Judicial, a quien acusa de haber actuado contra Fernández de Kirchner con parcialidad por sus lazos con el macrismo y el "poder económico". Por eso convocó a organizaciones políticas, sociales y sindicales a movilizarse este miércoles desde las 10 para escoltar a la exmandataria a Comodoro Py y "volver con ella a su casa". No se contempla otra opción.
"Suponemos que va a ser una de las movilizaciones más grandes de la historia política y social argentina", anticipó en C5N este lunes la senadora bonaerense Teresa García, una figura del riñón de Cristina Kirchner, que luego agregó: "Nos vamos a quedar esperando a que salga y las vamos a acompañar a la casa. Si eso no ocurre, nos vamos a quedar esperando hasta que el tema resuelva con dignidad política. No vamos a admitir ni aceptar ninguna humillación por parte de quienes hoy tienen la atribución de impartir justicia".
La advertencia está puesta sobre la mesa, el miércoles el ambiente estará espeso y una chispa puede provocar un incendio. Frente a esa posibilidad, el TOF 2 le envió un oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación y a su par de la Ciudad para solicitar "los medios necesarios a fin de brindar seguridad suficiente" en las inmediaciones del tribunal ante la llegada de las columnas que acompañarán a la expresidenta.
Es por ese potencial foco de tensión que se planteó la posibilidad de evitar que Cristina Kirchner deba acudir presencialmente a Comodoro Py e informarle su detención de manera virtual o a través de sus abogados, y así desactivar la multitudinaria marcha. Esa opción fue deslizada por la propia defensa de la expresidenta, que afirmó que una audiencia presencial representaría "un desgaste innecesario de los recursos de seguridad que posee el Estado".
La preferencia del Gobierno
El Gobierno ya manifestó abiertamente que se inclina por esa vía de acción, con el objetivo de abortar cualquier escenario de tensión social o incluso actos de violencia. En la Casa Rosada, tras conocerse el fallo ya aseguraban que no tenían ningún interés en montar un show alrededor de la detención de la expresidenta, y proponían en su lugar hacerlo "con cuidado y respeto".
En ese sentido, si bien desde el Gobierno enfatizan que no tienen ninguna incidencia sobre la Justicia, no por eso dejan de manifestar su expectativa de priorizar la paz social.
"Los jueces tienen que tomar las medidas que generen la menor convulsión posible. Me parecería absolutamente lógico que las medidas de notificación y todas las que hacen al proceso penal puedan hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir hasta los tribunales", manifestó el domingo en A24 el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y agregó: "No va a generar nada positivo, un momento de tensión, de movilización de fuerzas federales. Si yo estuviera en ese lugar, intentemos no generar esta situación de tensión social".
Coincidió con Francos el abogado de Cristina Kirchner, que en diálogo con Infobae aseguró que un rechazo a la domiciliaria de su defendida "además de jurídicamente insostenible, implicaría un acto de crueldad institucional que podría derivar en una reacción social de incalculable magnitud". "No se trata solo de legalidad: se trata de evitar un estallido que afecte la gobernabilidad democrática”, advirtió.
La decisión está en manos de los jueces, mientras el Gobierno prepara un importante operativo de seguridad para salvaguardar las instalaciones del Poder Judicial con la esperanza de finalmente no tener que llegar a aplicarlo. Por su parte, el kirchnerismo sostiene su amenaza. La marcha llega y se va con Cristina Kirchner, o no se va.
