La Corte Suprema ordenó que las causas contra Edgardo Kueider tramiten por separado
El máximo tribunal rechazó el pedido de la magistrada Sandra Arroyo Salgado para que la Justicia de Entre Ríos dejara de investigar el patrimonio del exsenador. El expediente, que tramita en Concordia, analiza un presunto enriquecimiento ilícito entre 1999 y 2019.
La Corte Suprema resolvió que continúen por separado las investigaciones contra el exsenador Edgardo Kueider que tramitan en la Justicia Federal de San Isidro y en la Justicia de Garantías de Entre Ríos. El máximo tribunal rechazó el pedido de la magistrada Sandra Arroyo Salgado para que el expediente provincial por presunto enriquecimiento ilícito dejara de investigar el período 2015-2019 por su posible conexión con una causa por corrupción vinculada con la empresa Securitas.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti siguieron el criterio expresado por el procurador general interino Eduardo Casal. De esta manera, la causa que tramita en Concordia continuará analizando la evolución patrimonial de Kueider, quien se encuentra detenido en Paguay enfrentando una causa por lavado de activos.
El expediente provincial se inició a partir de una denuncia de su excompañero de militancia Eliseo Blanco, que acusó al entonces senador de haber incrementado de manera considerable su patrimonio sin una justificación aparente. La investigación se concentró en la adquisición de bienes y en la posible utilización de una sociedad para canalizar parte de esas operaciones.
El conflicto judicial surgió porque la jueza Arroyo Salgado consideró que una parte de ese período podía estar relacionada con la causa federal que investiga una trama de presuntos sobornos atribuidos a la empresa de seguridad privada Securitas.
El conflicto de competencia y el dictamen de Casal sobre la evolución patrimonial
En ese expediente aparecen, entre otros, los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul, directivos de la firma, acusados de haber sobornado a integrantes de ENERSA, la empresa estatal de energía de Entre Ríos, para obtener un contrato de servicios. Kueider integraba entonces ENERSA como representante de la provincia y tenía derecho a voto.
Para Arroyo Salgado, los cambios registrados en el patrimonio del exsenador podían ser consecuencia de distintos delitos investigados en San Isidro, entre ellos cohecho, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público o lavado de dinero. También advirtió sobre el riesgo de que dos tribunales investigaran los mismos hechos y se produjera una doble persecución penal.
El Juzgado de Garantías número 2 de Concordia rechazó ese planteo. Sostuvo que la investigación por enriquecimiento ilícito de un funcionario durante el ejercicio de cargos provinciales correspondía al fuero local y cuestionó que en la causa federal estuviera precisada la participación concreta de Kueider.
Además, marcó que la intervención que se atribuye al exsenador en la causa “Securitas” sería posterior a abril de 2019, mientras que la investigación entrerriana abarca un período mucho más amplio, desde 1999 hasta 2019.
El procurador Eduardo Casal coincidió con la postura provincial y sostuvo que, en una etapa todavía inicial, no correspondía limitar el alcance de la investigación. “Un incremento patrimonial puede tener las más diversas causas”, señaló el procurador, y agregó que, si esas causas fueran ilícitas, podrían corresponder a conductas realizadas en distintos momentos y encuadradas en diferentes delitos.
Por otra parte, también reconoció la preocupación de la jueza federal por una eventual doble persecución, pero consideró que todavía no estaban dadas las condiciones para resolver esa cuestión mediante una inhibitoria. En cambio, planteó que el juez provincial deberá controlar, a medida que avance la investigación, que no se vulnere el principio constitucional de “ne bis in idem”, es decir, doble juzgamiento.
Para determinarlo, explicó Casal, “deberá establecerse si existe una triple identidad de hecho, persona y causa. Si esa coincidencia llegara a comprobarse, las partes tendrán las herramientas procesales correspondientes para plantear la cuestión”.
Finalmente, la Corte dejó abierta la continuidad de ambos expedientes; por ahora, la Justicia Federal de San Isidro y la Justicia de Entre Ríos pueden continuar con sus respectivas pesquisas mientras se precisa el alcance de cada investigación.
