Juicio por YPF: Argentina negó desacato y acusó a Burford de "hostigamiento"
La Procuración del Tesoro asegura que el Estado “está conforme al derecho” y habla de “operaciones mediáticas irresponsables”.
Sigue la polémica en torno a la expropiación de YPF
En el marco de nuevas presiones hacía la Argentina por el fallo en contra en la Justicia por la expropiación de YPF, el Gobierno volvió a sentar postura y negó que esté en desacato y violando las órdenes judiciales.
“La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, señalaron desde el organismo a MDZ.
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Las manifestaciones de fuentes de la institución ocurren días después de que Burford Capital, el principal beneficiario de la condena en primera instancia contra el Estado argentino, adelantara que le pedirá a la jueza Preska que declare al país en desacato y la sancione.
El planteo apunta a la falta de producción de comunicaciones (mensajes y correos electrónicos) de funcionarios y exautoridades, requeridas para avanzar en la llamada causa del alter ego. Aunque la Argentina tiene plazo formal hasta el 10 de enero para completar la entrega, el fondo sostiene que el Estado desoyó reiteradamente las órdenes del tribunal y busca acelerar una definición judicial que habilite penalidades
En paralelo, en las últimas horas la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dio luz verde al calendario de presentaciones pedido por los demandantes para avanzar con eventuales sanciones contra la Argentina y convocó a una audiencia probatoria para los días 23 y 24 de marzo.
De acuerdo con los primeros datos que circulan sobre esta novedad judicial, la magistrada evalúa las acusaciones formuladas contra el país y da lugar a la discusión sobre ese posible escenario, así como la aplicación de penalidades que podrían resolverse durante esa instancia o en los días inmediatamente posteriores.
Este caso se enmarca dentro del proceso de discovery, una investigación judicial que avanza en paralelo al litigio central por la estatización de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner.
A través de este expediente, la Justicia norteamericana intenta establecer si existen activos de la Argentina susceptibles de embargo o si determinadas empresas y organismos —como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Arsat, el Banco Central o la propia YPF— pueden ser considerados una extensión del Estado para garantizar un eventual cobro.
Sobre los planteos de Burford, la Procuración asegura que estas acusaciones “son falsas y carecen de todo sustento jurídico”.
Con referencia al proceso de discovery ordenado por la jueza Loretta Preska sobre comunicaciones personales de funcionarios y ex funcionarios, indicaron que la medida fue apelada por considerarse “una medida ilegitima e ilegal”.
“Se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada, y se está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados. La gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, se precisó.
Para la Procuración la orden de Discovery representa “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano y sus funcionarios”, en contradicción con el derecho internacional público y con las reglas básicas que rigen las relaciones entre Estados.
En la defensa del Estado argentino subrayan que “no debe olvidarse que el fondo del caso todavía está bajo revisión” y remarcan que “la defensa del interés nacional y del orden jurídico argentino exige seriedad, rigor y apego a la verdad”.