Jorge Macri avanza con un proyecto de servicio penitenciario propio: el detalle

El alojamiento de detenidos en las comisarías porteñas tensó por demás las relaciones entre el Gobierno La permanencia de detenidos en las comisarías porteñas tensó por demás las relaciones entre el Gobierno porteño y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich en un momento en el cual se produjeron fugas de presos.

Jorge Macri reclamaba por la cantidad de detenidos por delitos que la Ciudad de Buenos Aires no tiene competencia para juzgar, por lo cual considera que si tienen que permanecer presos lo deberían hacer en dependencias nacionales. Las dependencias locales según los datos de la Ciudad se encuentran desbordadas, lo cual facilitaría las fugas, entre otros inconvenientes.

En marzo pasado escaló la pelea que derivó en que Jorge Macri elevara a la Legislatura porteña un proyecto para el diseño de un servicio penitenciario propio de la Ciudad de Buenos Aires y una Ley de ejecución penal.

Lo cierto es que iniciativas similares tienen todos los bloques parlamentarios, de ahí que la propuesta contaría con adhesiones si se unifican.

El proyecto del Gobierno porteño recaló el martes en un plenario de las comisiones de Justicia, que preside la radical Inés Parry; de Asuntos Constitucionales, que conduce Hernán Reyes de la Coalición Cívica y de Seguridad, presidida por la diputada Gimena Villafruela de la bancada oficialista Vamos por Más. Así comenzó a analizarse la creación del servicio penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires y una nueva Ley de Ejecución Penal.

Mientras se organiza para la primera sesión ordinaria tras las elecciones porteña que tiene fecha para la semana próxima, la Legislatura abrió el debate de un proyecto clave para la política de seguridad de Jorge Macri.

Para eso participaron en la reunión de comisiones, brindando informes , funcionarios del Gobierno porteño, entre otros el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín.

Tapia explicó que la idea es "contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña". Además, anticipó que se trabaja en articulación con el Gobierno nacional para aliviar a las comisarías de la Ciudad.

Por otra parte, Halperín reconoció que "todos los bloques han presentado iniciativas, lo que permite construir una legislación a partir del diálogo y el consenso".

En ese sentido, la titular del bloque opositor Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, quien participó del debate, se mostró a favor de elaborar un proyecto conjunto, no necesariamente ajustándose a la letra de la propuesta del Gobierno porteño, con un "plan de trabajo en comisión por ejes". Unión por la Patria podría resultar un aliado clave para la sanción de la ley ya que representa a la bancada más numerosa, la primera minoría, con 18 legisladores de los 60 del recinto.

De acuerdo a la difusión del encuentro, actualmente actualmente, más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la justicia de la Ciudad, lo cual consideraron los funcionarios porteños "una nueva realidad, que exige decidir cómo intervenir frente a quienes han sido declarados culpables por delitos y deben cumplir una pena".

Además, se propuso el objetivo de transformar el tiempo de encierro en un tiempo con sentido y se remarcó que "la sociedad ya no espera solamente que alguien sea castigado, espera que no vuelva a delinquir".