Iniciarán acciones legales contra una policía para quitarle un adicional salarial
La Asesoría de Gobierno irá a la Justicia para revocar el beneficio otorgado a una comisario, tras detectar un error en la asignación del pago del adicional por título.
El Gobierno de Mendoza decidió iniciar acciones contra una policía para quitarle un ítem salarial, luego de que el Ministerio de Seguridad y Justicia considerara que correspondía el pago del “adicional por título".
A través del Decreto Nº 888, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo instruyó a la Asesoría de Gobierno para que inicie acciones legales contra la Comisario Inspector, María Gabriela Azuaga Quadri.
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El motivo de esta medida es la intención del Ministerio de Seguridad y Justicia de revocar el adicional por título que se le otorgó a la mujer policía por el título de Licenciada en Sistemas y Comunicación.
Ese pago se asignó a la comisario en 2021, a través de una resolución del entonces Ministerio de Seguridad que conducía Raúl Levrino, quien fuera ministro durante la gobernación de Rodolfo Suarez.
Sin embargo, la actual gestión de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, detectó que se había incurrido en un “vicio grave o grosero” al otorgarse este adicional salarial a la agente Azuaga Quadri.
La Asesoría Letrada del Ministerio concluyó que la resolución por la que se ordenó el pago del título de Licenciado en Sistemas y Computación a la comisario adolece de “un vicio grave o grosero por exceso de la facultad reglamentaria, incurriendo por tanto, en el vicio de estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo además de causar un perjuicio económico para el Estado Provincial”.
No obstante, señaló que este beneficio salarial ha adquirido estabilidad y por tanto no puede ser revocada de oficio por el Gobierno, ya que debe ser anulada por la Justicia.
Tras este análisis jurídico, la ministra Rus firmó una nueva resolución que declaró la disposición del 2021 como “lesiva a los intereses públicos por razones de ilegitimidad, por estar fundada en una norma que fuera dictada con exceso de la facultad reglamentaria, incurriendo en un vicio grave, y estar en discordancia con la situación de hecho reglada por el orden normativo.
En base a estos fundamentos, el gobernador Cornejo decidió instruir a la Asesoría de Gobierno, a cargo del asesor Ricardo Canet, a iniciar acciones legales para que la Justicia avale la revocatoria del adicional por título contra la comisario.
