Greenpeace apeló el procesamiento de los 12 activistas que protestaron frente al Congreso
La defensa que representa a los miembros de la organización cuestionó la descripción de los hechos y sostuvo que no hubo una orden directa que pudiera ser desobedecida ni un ingreso a un “domicilio”.
Los abogados de Greenpeace recurrieron el procesamiento de los 12 activistas que participaron en febrero en una protesta frente al Congreso contra la modificación de la Ley de Glaciares. La defensa cuestionó tanto la reconstrucción de los hechos realizada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi como la aplicación de los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público.
Los procesados son Marcos Alejandro Policer, Abril Inés Castellano, Manuela Celeste Zalazar, Sol Aylén Klausek, Juana Inés Serra, Mailén Alicia Miranda Vaquera, Carla Mariel Guidi, Luciana Mariel Rivero, Diana Lucía Suárez Smeke, Cynthia Ayelén Moreno Gallo, Iwan Alfredo Núñez Romero y Pablo Alejandro Blefari. El juez los procesó como coautores, sin prisión preventiva, y dispuso un embargo de dos millones de pesos para cada uno.
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La manifestación se produjo el 26 de febrero, cuando los activistas ingresaron al sector de las escalinatas del Congreso, colocaron inodoros plásticos y desplegaron una pancarta con el mensaje: “Senadores, no se caguen en el agua, la Ley de Glaciares no se toca”. La intervención terminó con la detención de los participantes.
Las objeciones a la reconstrucción de los hechos y la tipificación legal
Uno de los principales argumentos de la apelación apunta directamente a la reconstrucción de esa escena. La resolución judicial sostiene que los manifestantes saltaron una reja “cerrada con candados” y que existía custodia policial. En ese marco, los abogados de Greenpeace señalaron que ni los testimonios incorporados al expediente, ni las cámaras de seguridad, ni el video aportado por los propios abogados muestran candados o policías en el momento del ingreso. Para la organización ambientalista, el procesamiento parte así de una descripción de los hechos que no coincide con la evidencia reunida en la causa.
Por otra parte, cuestionaron que la conducta pueda ser encuadrada en los dos delitos atribuidos a los activistas. Sobre la acusación de desobediencia, sostiene que debe existir una orden directa dirigida a una persona determinada y afirma que durante la protesta no hubo una instrucción de esas características. En cuanto a la violación de domicilio, plantea que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden ser consideradas un “domicilio” a los efectos de ese delito. “El Congreso no es el domicilio de nadie”, argumentaron los abogados.
El reclamo por la libertad de expresión y la crítica de la organización
Otro de los ejes de la objeción que ahora analizará la Cámara Federal Porteña es el carácter de la manifestación. La defensa acreditó que se trató de una protesta completamente pacífica, sin daños materiales, enfrentamientos ni resistencia frente a la intervención policial. Los activistas utilizaron inodoros de plástico y una consigna para expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. El propio fallo, remarcan los abogados, reconoce que la protesta no afectó el tránsito, a terceros ni el funcionamiento del Congreso.
Asimismo, indicaron que el procesamiento no ponderó adecuadamente el derecho constitucional a manifestarse y que la afirmación del juez de que los derechos “no son absolutos” no alcanza para explicar por qué, en este caso concreto, debía prevalecer la restricción de acceso sobre el derecho a reclamar y que la criminalización de una protesta puede generar un “efecto silenciador” que no alcanza solamente a quienes son procesados, sino también al resto de la sociedad.
Ante ello, Greenpeace busca que la Cámara Federal Porteña revise el procesamiento y deje sin efecto la acusación contra los 12 activistas, de la cual no ponen en discusión que hayan participado de la intervención, sino que la conducta debe ser interpretada como una expresión pacífica vinculada con un debate público y no como la comisión de los delitos atribuidos.
Finalmente, Diego Salas, Director de Programas de Greenpeace, enfatizó que “Defender el ambiente no es un crimen, es un derecho. Mientras la Justicia avanza con tanta rapidez en el procesamiento de los 12 activistas por una protesta pacífica que buscó poner en agenda la defensa de los glaciares y el agua, casi 900.000 personas seguimos esperando una respuesta sobre la demanda colectiva que exige que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares”.
