El PRO cuestiona las actitudes de LLA y denuncia: los detalles del amparo para frenar las designaciones de la AGN
En medio de una creciente tensión política con La Libertad Avanza, el PRO presentó un amparo judicial para frenar la designación de las nuevas autoridades de la AGN.
Cristian Ritondo cuestionó el artículo de licencias médicas y palpitó la sesión de Diputados por la reforma laboral.
X (@DiputadosAR)El PRO formalizó la presentación de un amparo judicial con el objetivo de frenar la designación de las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN), aprobada durante una sesión en la Cámara de Diputados. La iniciativa fue impulsada por Cristian Ritondo, jefe del bloque del partido liderado por Mauricio Macri, en un contexto de fuerte escalada de tensión política con La Libertad Avanza.
Según el escrito, el proceso de designación vulneró la Constitución Nacional y atentó contra la transparencia institucional. “Hay que defender la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, sostuvo Ritondo en la resolución presentada ante la Justicia.
La terna de auditores fue avalada con 186 votos a favor y dos abstenciones, y está integrada por Rita Mónica Almada, propuesta por La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón, vinculado políticamente al jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, en representación del peronismo; y la exdiputada nacional salteña Pamela Calletti, por Innovación Federal.
Los argumentos del amparo del PRO
En el documento judicial, Ritondo advirtió sobre designaciones “irregulares” realizadas mediante “un procedimiento abiertamente inconstitucional” durante la sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves. En ese sentido, cuestionó que el tema no formara parte del temario habilitado para las sesiones extraordinarias.
“El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este asunto, lo que implica una violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional”, remarcó el legislador del PRO.
Además, el jefe del bloque opositor criticó duramente las condiciones en las que se llevó adelante la votación. Señaló que se realizó cerca de las tres de la mañana, “sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales”, lo que, a su entender, convierte al acto “en nulo de nulidad absoluta”.
Impacto institucional y pedido a la Justicia
Ritondo sostuvo que lo ocurrido afectó de manera directa los derechos políticos de los diputados y alteró el equilibrio institucional del sistema de control del Estado. “La Auditoría General de la Nación no es un órgano administrativo interno, sino un órgano constitucional clave para controlar cómo se utilizan los recursos públicos”, subrayó.
En la presentación judicial, el PRO solicitó que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución que designó a los auditores, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que asuman o ejerzan funciones en la AGN hasta que haya una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
Por último, el diputado aclaró que el planteo no responde a una disputa política ni a los nombres elegidos, sino a la defensa de la Constitución. “Durante las sesiones extraordinarias, el Congreso no tiene facultades para incorporar temas por iniciativa propia. El temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo”, concluyó, y advirtió que avanzar en estas designaciones fuera de ese marco “no fortalece el sistema de control, sino que lo debilita”.
