El Gobierno reencauza el vínculo con gobernadores y la CGT y cree tener los votos para la reforma laboral

En la antesala de la reanudación de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno traza un balance positivo de las gestiones que realizó hasta ahora de cara a su objetivo de sancionar la reforma laboral.

El Ejecutivo confirma que su aprobación se supeditará a inevitables cambios que son consensuados con la oposición, aunque confían que esas modificaciones “no alterarán el espíritu que propone el proyecto”.

Fuentes oficiales consultadas por MDZ señalan que las tratativas políticas para avalar el Presupuesto 2026 en diciembre sirvieron para seguir las conversaciones con legisladores y los gobernadores dialoguistas, a quienes siguen contando para el segundo tiempo en el Congreso previo a la apertura de sesiones.

“Estamos haciendo un trabajo fino, venimos hablando con la mayoría de los gobernadores y las negociaciones van por el buen camino”, subrayó un funcionario, con despacho en Casa Rosada.

“Los gobernadores no pierden nada, los que perdemos por recaudación por la falta de impuestos somos nosotros”, dicen en los pasillos de Balcarce 50 cuando se les consulta sobre la disputa con las provincias en torno al debate sobre el futuro laboral y, en especial, por el debate económico.

En alusión al impacto fiscal en las provincias y en el marco de su visita a Mendoza, el ministro del Interior, Diego Santilli reconoció el jueves el debate con los mandatarios: “Hay una baja de impuestos que afectaría a las provincias, y la recuperación de los recursos a través del empleo formal se daría desde 2027. Pero hay algunos gobernadores que tal vez no tienen la espalda de Mendoza, lograda por su administración y su gestión. ¿Qué pasa si en 2027 esa formalización no sucede? Bueno, ese es el debate que estamos teniendo con los gobernadores”.

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Las provincias reclaman quitar el artículo del proyecto que propone rebajar las escalas del Impuesto a las Ganancias de las sociedades, debido a que consideran que implica una merma en recaudación de un tributo que es coparticipable. Mientras sigue esa discusión, el Ejecutivo evalúa posibles compensaciones. “Lo que se pierde por recaudación, se gana por generación de empleo”, se defienden en la Casa de Gobierno.

“Es verdad que hay un 0,15% que impactaría en las provincias en 2027 por la modernización laboral y la baja de impuestos. Pero cada 400.000 trabajadores formalizados, recuperás ese 0,15%”, agregó Santilli durante su visita a la región cuyana.

Este es uno de los temas por los cuales ameritó el viernes la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, a la reunión de la mesa política, que encabezó el jefe de gabinete, Manuel Adorni.

A su vez, se pretende tratar la ley de Glaciares, que reclaman los gobernadores. La "adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar” establece que sea cada provincia la que decida cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. La finalidad es destrabar inversiones, en especial en grandes proyectos de cobre.

Además de conversar sobre la redacción del proyecto, los libertarios abrieron la billetera. No solo quedó demostrado con la designación de miles de millones de pesos en concepto de Adelanto del Tesoro Nacional (ATN) para los gobernadores que respaldan su agenda, sino que se ve materializado con anuncios o inicios de obra, tal como ocurrió esta semana en en la recorrida que hizo el ministro del Interior.

Cómo vienen los votos en el Congreso

El poroteo sobre lo que ocurrirá en la Cámara Alta existe. El Gobierno, que necesita 37 votos para la media sanción, cuenta con 20 senadores propios y cree que ya cuenta con el acompañamiento de más de 20 legisladores de la oposición aliada. “Tenemos entre 40 y 44 votos, ese es el número que barajamos”, afirmó un miembro de la mesa chica. Aún si fuera cierto, el real debate no es si el Gobierno cuenta con el número para que salga la ley, sino cuánto subsiste del proyecto original de Javier Milei.

En el oficialismo descuentan el apoyo de los tres senadores del PRO, del cordobés Luis Juez, de los dos integrantes de Provincias Unidas, de un sector mayoritario UCR, Primero los Salteños (Flavia Royón), La Neuquinidad (Julieta Corroza), el Frente Renovador de la Concordia Social, entre otros casos de senadores dialoguistas.

A su vez, siguen las gestiones para forzar a un nuevo quiebre dentro del interbloque kirchnerista, tal como ocurrió con el Presupuesto y durante otras ocasiones, mediante los suculentos fondos que beneficia el Gobierno libertario a gobernadores peronistas, teniendo como ejemplos claros los casos de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Raúl Jalil, de Catamarca.

Sigue el diálogo entre el Gobierno y la CGT

CGT

En simultáneo, la cúpula de la CGT confirma negociaciones con la Casa Rosada, en medio de un clima interno hostil por la puja con el kirchnerismo que agita un conflicto inminente con el Gobierno, con paros y movilizaciones. “Estamos hablando. Son contactos positivos, pero preliminares. Está claro que ellos necesitan los votos y están cediendo. No les queda otra, veremos cuánto terminan aceptando los cambios que venimos hablando”, señaló a este medio un dirigente de peso dentro de la central obrera.

Uno de los ejes más cuestionados fue la limitación al derecho a huelga y a las asambleas en los puestos de trabajo. El texto proponía nuevas exigencias formales para la realización de reuniones gremiales y ampliaba el listado de actividades obligadas a mantener servicios mínimos durante los paros.

Otro punto central del rechazo fue la modificación del sistema de indemnizaciones por despido. La iniciativa incorporaba mecanismos alternativos, como un fondo de asistencia laboral, que según la mirada gremial abarataría los costos de desvinculación para las empresas y trasladaría el riesgo al trabajador.

La reforma también avanza sobre la flexibilización de la jornada laboral, introduciendo figuras como los bancos de horas. Para los gremios, esta herramienta abría la puerta a jornadas más extensas sin una mejora salarial real.

En materia de negociación colectiva, el proyecto generó alarma en la calle Azopardo por cambios que, según los sindicatos, debilitaban el rol de los convenios colectivos de trabajo. La iniciativa buscaba otorgar mayor margen a acuerdos individuales o por empresa, lo que fue interpretado como un retroceso frente a las negociaciones sectoriales que históricamente fijaron pisos salariales y condiciones laborales comunes.

En el Gobierno buscan evitar tocar el artículo que elimina la obligatoriedad de que los empleadores sean agentes de retención de la cuota de afiliación. Dentro de las conversaciones con los sindicatos figura liberar las cuotas solidarias y suprimir los artículos que limitan el pago de estos aportes, flexibilizar la reglamentación del derecho de huelga y redefinir cómo seguirá el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).