El Gobierno promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero suspendió su aplicación
El Ejecutivo suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
El gobierno resolvió suspender la aplicación inmediata de ambas leyes debido al impacto fiscal en las cuentas públicas.
EFEEl Gobierno de Javier Milei promulgó este martes las Leyes N° 27.795 y 27.796, que establecen el nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas, respectivamente. Sin embargo, ambas normas quedaron suspendidas hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento y asigne las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional.
El argumento del Gobierno sobre la suspensión
La decisión fue oficializada durante la madrugada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial. Según el texto, el Poder Ejecutivo resolvió suspender la aplicación inmediata de ambas leyes debido al impacto fiscal que su implementación generaría en las cuentas públicas.
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El impacto del financiamiento universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por insistencia del Congreso tras el veto presidencial de Javier Milei, tiene como objetivo garantizar el sostenimiento del presupuesto universitario, la actualización automática de los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
Uno de los ejes centrales de la norma es que los gastos de funcionamiento de las universidades públicas se actualicen bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.
El decreto advierte que, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la inflación acumulada fue del 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional de $123.358 millones en el ejercicio en curso. Para el año 2025, el costo total estimado de la ley asciende a $1,07 billones, mientras que para 2026 se proyecta un gasto superior a $2 billones.
En materia salarial, la ley ordena equiparar los sueldos del personal universitario con la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y la sanción de la norma. Según los cálculos del Gobierno, los salarios aumentaron un 128,49 %, frente a una inflación del 220,45 % en ese período, lo que requeriría un incremento adicional del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025.
Además, la norma dispone la incorporación de las sumas no remunerativas a los básicos, lo que implicaría un aumento adicional del 37,55 % para el personal no docente de determinadas categorías, con un costo estimado de $178.984 millones en 2025 y $490.459 millones en 2026.
La ley también prevé la actualización automática de las becas estudiantiles (Progresar y Manuel Belgrano), lo que demandaría $72.840 millones adicionales para el programa de carreras estratégicas y $76.614 millones para el Progresar.
Emergencia pediátrica y residencias médicas
Por su parte, la Ley de Emergencia Sanitaria Pediátrica, con el Hospital Garrahan como referencia nacional, busca garantizar el acceso efectivo y equitativo a la atención de la salud infantil, asegurar el funcionamiento pleno de los hospitales pediátricos y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
El texto prevé la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición salarial inmediata del personal sanitario y la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen tareas críticas, guardias y horas extras.
El costo fiscal estimado para implementar esta ley asciende a $196.270 millones, cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, el cual ya registra un déficit de $102.400 millones.
En los considerandos, el Gobierno advierte que reasignar fondos de esa magnitud equivaldría a recortar el 30 % de los subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y el 60 % del presupuesto destinado a la prevención del VIH-Sida.