El Gobierno oficializó cambios en la Procuración del Tesoro tras las sospechas de filtraciones a fondos buitre

El Gobierno oficializó este jueves una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, que implica no solo cambios en su organigrama sino también la eliminación de organismos claves, como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La medida, publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 475/2025, lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Esta reestructuración, que se había adelantado el miércoles e incluyó el despido de 60 funcionarios, fue justificada desde la Procuración del Tesoro como una búsqueda de "mayor eficiencia del organismo". Sin embargo, la decisión viene acompañada de un trasfondo de descontento del Ejecutivo por una supuesta filtración de información en el marco del juicio por la estatización de YPF. En este litigio, los abogados del Estado intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.

Las claves de la reestructuración en la Procuración del Tesoro

Según se argumenta en el Decreto 475/2025, la nueva estructura organizativa del organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia "resulta indispensable por razones de gestión". El texto explica que estos cambios buscan "fortalecer la capacidad operativa" de la Procuración del Tesoro, así como "dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones y, en consecuencia, derogar, incorporar, homologar y reasignar diversos cargos".

La decisión, en específico, "tiene por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los Abogados del Estado", agrega el documento.

Una de las eliminaciones más significativas es la de la Escuela de Abogados del Estado, una dependencia de la Procuración del Tesoro creada "con el objetivo primordial de ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado". El Gobierno argumentó que, si bien la Escuela "ha cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución".

Las funciones de capacitación y perfeccionamiento de los abogados del Estado serán ahora ejecutadas por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP).