El Gobierno impulsa que EEUU investigue el ingreso del grupo Eskenazi en YPF
La estrategia judicial del Gobierno apunta a demostrar irregularidades en la adquisición de YPF por parte de los Eskenazi para frenar las demandas civiles en tribunales neoyorquinos.
Javier Milei y Donald Triump en Washington.
PresidenciaEl gobierno de Javier Milei impulsa gestiones ante los Estados Unidos para que se investigue penalmente el ingreso, administración y posterior salida del grupo Eskenazi en YPF, buscando neutralizar los millonarios juicios en Nueva York. La estrategia oficial apunta a determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de la compañía durante el kirchnerismo.
EEUU investiga el rol del grupo Eskenazi en YPF
Funcionarios de primera línea de la administración Milei mantuvieron reuniones reservadas con representantes del gobierno de Donald Trump, con el objetivo de que el Departamento de Justicia estadounidense abra una causa penal centrada en la compra de acciones de la petrolera, según reflejó una investigación periodística de La Nación.
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La mira de la administración nacional está puesta sobre la familia Eskenazi y el Grupo Petersen, buscando esclarecer judicialmente cómo fue su participación, gestión y posterior salida de la petrolera estatal YPF.
La estrategia jurídica de la Casa Rosada apunta a determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en la compra del 25% de las acciones de la compañía por parte de la familia Eskenazi durante el kirchnerismo.
Para el Estado argentino, una denuncia exitosa donde se demostrara que esa adquisición tuvo un origen fraudulento podría convertirse en la pieza clave para congelar o directamente anular las multimillonarias demandas civiles que pesan sobre el país en los tribunales neoyorquinos.
Ofensiva legal contra demandas millonarias
Esta ofensiva penal se produce en un escenario favorable para la defensa de la Argentina, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara una condena previa que obligaba al país a pagar una suma superior a los US$16.000 millones por la estatización de la petrolera.
Además, la iniciativa argentina cuenta con un respaldo institucional previo en Washington. El propio Departamento de Justicia estadounidense ya había emitido un memorándum en el que apoyaba la solicitud de distintas organizaciones civiles de la Argentina para que se investiguen las presuntas irregularidades cometidas en la compra de las acciones de YPF.