El Gobierno habilita cortes por falta de pago y abre la puerta para la privatización de AySA

En medio del ajuste fiscal y la reorganización del Estado, el Gobierno avanzó con un nuevo paso hacia la privatización de AySA. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, modificó el marco legal que regula a la empresa proveedora de agua y cloacas del Área Metropolitana de Buenos Aires y habilitó la entrada de capital privado.

La norma autoriza por primera vez el corte del servicio a usuarios morosos, una medida que impactará directamente sobre millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. Según el Ejecutivo, el cambio busca “garantizar la sostenibilidad del sistema” en un contexto de crisis fiscal que impide sostener la actual estructura estatal.

El decreto también permite la venta de acciones: el 90% de la compañía, hoy en manos del Ministerio de Economía, podrá ser transferido total o parcialmente a inversores privados. El 10% restante permanece en manos de trabajadores, bajo el Programa de Propiedad Participada.

Plan de obras y transición regulatoria

Además de los cambios de titularidad y política comercial, el Gobierno dispuso la creación de un Plan Director de Mejora Estratégica, que estará a cargo de la Agencia de Planificación (APLA) en coordinación con el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS). Este plan definirá las prioridades de infraestructura, los mecanismos de financiamiento y las obras clave para ampliar la cobertura del servicio.

El nuevo régimen prevé también una etapa de transición de hasta cinco años una vez concretada la privatización, para implementar las modificaciones de manera escalonada sin desbalancear los contratos de concesión.

AySA, a su vez, quedará obligada a rendir cuentas anualmente ante el ente regulador, presentando informes detallados sobre tarifas, obras realizadas y proyectos futuros.

Supervisión parlamentaria

Como establece la Constitución, el DNU ya fue girado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para dictaminar sobre su validez y elevarlo al plenario de ambas cámaras.

Con esta decisión, el Ejecutivo suma una nueva empresa estatal al esquema de privatizaciones planteado tras la aprobación de la Ley Bases y profundiza su estrategia de achicamiento del Estado, centrada en reducir el déficit fiscal y atraer inversión privada.

El decreto completo