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Los dos consorcios que tienen el visto bueno del Gobierno y compiten por quedarse AySA

La apertura de sobres técnicos confirmó las ofertas de Rowing S.A. y el Grupo Roggio para quedarse con la concesión de AySA.

El nuevo operador deberá invertir más de US$ 2.000 millones.
El nuevo operador deberá invertir más de US$ 2.000 millones. Alf Ponce/MDZ

El proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dio un paso decisivo con la apertura de las ofertas técnicas para adquirir el 90% del paquete accionario que pertenece al Estado nacional. El 10% restante continuará bajo el Programa de Propiedad Participada en manos de sus trabajadores. La licitación busca transferir al sector privado la gestión del servicio de agua potable y saneamiento que abastece a casi 14 millones de habitantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Pese a que 17 grupos empresariales habían manifestado interés inicial en los pliegos preliminares, la compulsa formal quedó concentrada en dos grandes consorcios que deberán superar el filtro técnico antes de la apertura de las ofertas económicas:

  • Consorcio liderado por Rowing S.A.: Encabezado por la firma de ingeniería y servicios de Walter Román, el grupo está integrado por Transclor (del empresario Mauricio Filiberti), la firma brasileña Arcos Saneamento e Participações (vinculada al Grupo Equipav) y el vehículo financiero neerlandés PHX.

  • Consorcio Roggio ROAS S.A.U.: Encabezado por el Grupo Roggio (operador de Aguas Cordobesas), la propuesta suma el respaldo de Hidrosan Capital, Aguas del Plata Participaciones, Benito Roggio e Hijos y Central Buen Ayre.

Plan de inversiones, metas de cobertura y control ambiental

Con esta licitación, el Gobierno busca reducir el déficit operativo de las empresas públicas.

Con esta licitación, el Gobierno busca reducir el déficit operativo de las empresas públicas.

Quien resulte adjudicatario firmará un contrato de concesión por 30 años (con opción a prórroga) y asumirá un compromiso obligatorio de inversión superior a los US$ 2.000 millones entre 2027 y 2031 para obras de infraestructura, expansión de redes y mantenimiento.

El pliego fija metas progresivas de servicio: para 2031, la cobertura deberá alcanzar el 75,3% en agua potable y el 63,9% en desagües cloacales, con la exigencia de elevar esos pisos al 90% y 75% respectivamente hacia el final del período de concesión. En paralelo, la regulación establecerá parámetros para las futuras tarifas y esquemas de financiamiento.

En forma simultánea al proceso licitatorio, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) adjudicó por $ 275,8 millones un servicio de auditoría técnica a la firma Estudio Ecológico Industrial SRL. La contratación, con vigencia por 12 meses, garantizará la toma de muestras y el análisis de calidad de agua potable y efluentes en plantas depuradoras mientras se define el traspaso operacional.