Denuncias falsas que dañan la lucha contra la violencia de género
La autora cuestiona el uso abusivo de las denuncias y explica cómo las falsas acusaciones dañan la legítima lucha contra la violencia de género.
Las denuncias falsas de género como utilización abusiva ha generado efectos negativos en el funcionamiento del sistema judicial. Pese a que estadísticamente son menos frecuentes frente al flagelo de la violencia de género, como Diputada me encuentro en el compromiso de trabajar para fortalecer la confianza de la sociedad al sistema público, y en específico judicial.
La llamada “industria de las denuncias falsas” señalada por personas absueltas, profesionales de la justicia y organizaciones de la sociedad civil, evidencia un uso espurio del sistema penal para resolver conflictos conyugales, patrimoniales o, peor aún, por la custodia y régimen de visita de los hijos, convirtiendo a los niños en rehenes de disputas adultas.
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En Mendoza, la lucha contra la violencia de género ha sido una prioridad del Estado y la sociedad. Durante la primera gestión del Gobernador Alfredo Cornejo, hubo avances como la creación de una fiscalía especializada, Dirección de Género y Diversidad, refugios, protocolos, capacitaciones en perspectiva de género. Sin embargo, estos logros también revelan la necesidad de reevaluar el sistema judicial para hacerlo más justo, transparente y eficiente, porque garantizar la protección de las víctimas no admite fisuras.
El delito de las denuncias falsas (Art 245 CP) requiere de la falsedad subjetiva, que el hecho no ocurrió, y que existió una intención de engañar a la justicia con el testimonio.
Existen proyectos en el Congreso de la Nación para agravar la pena, pero aun así resulta complejo la exigencia probatoria, por lo que los códigos procedimentales presentan una gran oportunidad para resolver estas fallas del sistema judicial en las provincias.
Reforma del Código Procesal Penal- Ministerio Publico Fiscal
Por eso desde la Legislatura estoy trabajando en reformar el Código Procesal Penal, para mejorar nuestro sistema judicial sin limitar derechos ni crear nuevos delitos. Actualmente, en el Ministerio Público trabajan equipos técnicos interdisciplinarios para abordar abusos sexuales y violencia de género, pero su forma de evaluar los casos generan dudas y riesgos en el debido proceso. Por eso, propongo crear un registro público de peritos psicólogos y psiquiatras para fortalecer la calidad de la prueba pericial, reducir los riesgos de arbitrariedad o sesgo institucional, tener mayor protección a la víctima, asegurando que las pericias no sean una formalidad, sino una herramienta eficaz para el abordaje técnico.
También propongo que, cuando un juez dicte una sentencia de sobreseimiento por falta de pruebas, se pueda abrir una investigación penal contra quien realizó una denuncia falsa, para evitar abusos y defender la integridad del sistema judicial y de las personas inocentes.
Mi motivación profunda es que el sistema público, judicial y político, siga preservando a las mujeres que realmente sufren violencia, pero la protección no puede justificar la vulneración de principios fundamentales como es la presunción de inocencia o el debido proceso.
La historia y los avances de Mendoza muestran que todos los poderes han puesto la mira en construir una sociedad más igualitaria y segura para las mujeres. No podemos, ni debemos, volver atrás, generando un debate que divide o desprecia los avances logrados. Pero la justicia no puede ser un aparato estático. Debe ser un sistema en constante evolución y revisión periódica de los procesos, capaz de responder a las demandas sociales, proteger derechos fundamentales y garantizar un trato justo para todos.
No se trata de una lucha binaria o pendular, entre hombres y mujeres: ni todo hombre es agresor, ni toda mujer es víctima. Debemos construir una sociedad donde las mujeres sean independientes y libres capaces de valerse por sí mismas, sabiendo que no hay libertad sin coste, porque el Estado de Derecho prima para todos por igual, hombres y mujeres.
Ese es el compromiso que asumo como legisladora: promover un debate político y cultural que genere reformas genuinas, que fortalezcan a la justicia y que, sobre todo, devuelvan la confianza de la sociedad en que siempre estará del lado de las verdaderas víctimas.