Denunciaron a Javier Milei por "defraudación al Estado", tras el decreto de "retenciones cero"
Claudio Lozano denunció a Javier Milei y su gabinete por el decreto de retenciones cero que favoreció a exportadoras y costó US$1.750 millones.
Javier Milei quedó en la mira de la justicia tras el decreto que eliminó las retenciones.
El economista y exdirector del Banco Nación Claudio Lozano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía por la implementación del decreto de “retenciones cero”. En la demanda sostiene que la medida significó “una defraudación multimillonaria al Estado” y favoreció a un reducido grupo de corporaciones agroexportadoras.
“La concepción, sanción y ejecución del Decreto 682/2025 no fue una medida de fomento a las exportaciones, sino un ardid meticulosamente diseñado para beneficiar de manera ilegítima y multimillonaria a un grupo concentrado de corporaciones”, señalaron los denunciantes en el escrito judicial.
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La presentación fue realizada por Lozano, presidente de Unidad Popular; el abogado Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad; la ingeniera Koutsovitis, referente del movimiento “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”; y el abogado Zelaya.
Los números del cupo que fijó Javier Milei
El decreto fijó un cupo de exportaciones por US$7.000 millones con derechos de exportación en 0%. Según la denuncia, el beneficio se agotó en apenas dos días, entre el 23 y el 24 de septiembre, con declaraciones de ventas externas (DJVE) por casi 20 millones de toneladas.
“En 48 horas, el Estado dejó de percibir US$1.540 millones. El complejo sojero absorbió el 92% de los beneficios fiscales”, detallaron los denunciantes. Agregaron que “siete empresas concentraron el 90% de las operaciones”, entre ellas Cargill, LDC, Bunge, Cofco, Molinos Agro y Viterra.
Cargill fue señalada como la principal beneficiaria: “Se quedó con el 19% de los dólares declarados y el 21% de la pérdida de retenciones”, denunciaron.
La presentación apunta también a la omisión del control previsto en la Ley 26.351, que obliga a los exportadores a acreditar la tenencia real de la mercadería declarada.
“Resulta material y logísticamente imposible que en menos de 48 horas se hayan adquirido, recibido y acopiado casi 20 millones de toneladas de granos. Estamos frente a una registración especulativa”, afirmaron.
Según los denunciantes, una parte de las DJVE correspondía incluso a la próxima cosecha: “Se declararon granos que ni siquiera habían sido sembrados. Es una confesión del fraude”.
Pidieron una serie de medidas cautelares
El escrito reclama que la Justicia ordene medidas cautelares inmediatas. Entre ellas, la suspensión de todas las DJVE registradas bajo el decreto, la exigencia a las empresas de acreditar la tenencia de los granos, la nulidad de las operaciones que no cumplan con este requisito y la suspensión de permisos de embarque y liquidación de divisas.
“Pedimos que se investigue a los funcionarios responsables y a las empresas beneficiadas. La maniobra generó un perjuicio fiscal estimado en US$1.750 millones y un daño directo a los productores”, concluyeron los denunciantes.