Denuncian a una vicepresidenta de la CIDH por presunto conflicto de intereses y corrupción

“La información que vamos a destapar aquí es extremadamente grave, y espero que alguien la recoja y la lleve cuanto antes a la Justicia”, advirtió el conocido politólogo Agustín Laje en un reciente video en su canal de 2,7 millones de suscriptores en Youtube.

Dos días después, un abogado independiente denunció ante la Justicia a Andrea Pochak, comisionada argentina y actual vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por “graves hechos de corrupción administrativa”. Pidió que se la investigue por posible abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, prevaricato de abogados, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta en perjuicio del Estado argentino. Pochak quedó expuesta en la audiencia pública de la CIDH sobre el caso Catella contra el Estado argentino, el pasado 12 de marzo. El funcionario a cargo de la defensa reveló que la funcionaria que asumió el caso durante la gestión de Alberto Fernández, había intervenido previamente en el mismo, pero en carácter de representante de la peticionaria y miembro de la ONG que promovió la petición ante la comisión.

Graves hechos de corrupción administrativa

Es decir, actuó primero como parte acusadora del Estado y luego como parte defensora, sin excusarse, en un claro conflicto de intereses. Y lo que es más grave aún: durante la defensa habría incurrido en “una inacción absoluta e inexplicable” que dejó a la Argentina en la más “absoluta indefensión”. Habría omitido enviar treinta kilos de pruebas a la CIDH para defender su país –lo cual era su responsabilidad–, favoreciendo al CELS. El representante argentino señaló además que dicha persona ocupaba hoy “un cargo de altísima responsabilidad dentro del propio sistema interamericano de derechos humanos”.

Andrea Pochak, comisionada argentina y actual vicepresidente de la CIDH.

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Hay una denuncia ante la justicia

La referencia aludía directamente a la única comisionada ausente en la sala: Andrea Pochak, quien, por tratarse de un caso de su país, no podía participar. Fue Directora Ejecutiva Adjunta del CELS cuando este impulsó la denuncia contra el Estado ante la CIDH y luego subsecretaria en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde debía defender a quien antes había acusado. Sin dudas, de haberse conocido este inaceptable conflicto de intereses en un caso ante la CIDH, Pochak no hubiera sido elegida comisionada. Hace ya más de 3 meses que esto ocurrió frente a la Comisión y aún no ha sucedido nada. ¿Cómo actuará ahora que el hecho salió a la luz y en todo el Continente se sabe que su vicepresidente fue denunciada por prevaricato y corrupción?

El representante argentino formuló personalmente ante los comisionados “un respetuoso llamado de atención acerca de la importancia de preservar en todos los niveles del sistema estándares rigurosos de transparencia, imparcialidad y prevención de conflicto de intereses”. Porque “son condiciones indispensables para resguardar la credibilidad y legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos”. Pero la denuncia habla además de un grupo de ONG que Andrea Pochak integró y que acusaron al país ante organismos internacionales en otros casos emblemáticos en los que podrían haber repetido el esquema: los casos Maldonado, Milagro Sala y Virgen Abortera.

Curiosamente son casos que prosperaron durante los años en que Pochak tuvo a su cargo la defensa del Estado en la Secretaría de Derechos Humanos, con Horacio Pietragalla Corti, –actual diputado de Fuerza Patria– y Gabriela Kletzel, incluidos también en la denuncia. ¿Se trató entonces de un plan sistemático –como sostiene la denuncia– para perjudicar al Estado argentino y favorecer a aquellas ONG de derechos humanos? En esta situación, la CIDH ya no puede pretender aplicar un estándar elevado de justicia a los países mientras es indulgente con sus propios miembros.

Maria Anne Quiroga.

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Hace pocos meses, por un conflicto de intereses ante el cual la Comisión también había guardado silencio, debió renunciar otro comisionado, Arif Bulkan, sólo después de que no pudieron ocultarlo más. Hay una delgada línea entre el silencio, la negligencia y el encubrimiento y ninguno es signo de calidad institucional. Lo cierto es que Pochak no habría sido elegida como comisionada si esto se hubiera sabido antes. El mismo reglamento de la CIDH establece, en su artículo 1, que los comisionados deben ser “personas de alta autoridad moral”.

La CIDH exige a los Estados imparcialidad

También exige transparencia y respeto por el debido proceso. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Si sus propios miembros no garantizan esos principios en su conducta ¿con qué autoridad moral puede reclamarlos a los demás?

* Maria Anne Quiroga. Directora de Investigación Global Center for Human Rights.