Del horror al Congreso: la historia interminable de la reducción de la edad de imputabilidad

Cada crimen grave no solo conmueve a la sociedad, sino que activa casi de forma automática a la dirigencia política y al Congreso, donde la presión social suele traducirse en anuncios urgentes y proyectos de ley. En Argentina, esa dinámica se repite desde hace décadas y vuelve a escena cada vez que un delito protagonizado por menores ocupa el centro de la agenda pública.

El antecedente más recordado de este fenómeno fueron las llamadas “leyes Blumberg”, impulsadas tras el secuestro y asesinato de Axel Blumberg en 2004. Aquella tragedia derivó en una de las movilizaciones más masivas de las últimas décadas, cuando miles de personas marcharon frente al Congreso para exigir penas más duras. El impacto fue tal que incluso puso en aprietos al entonces gobierno de Néstor Kirchner y desembocó en reformas concretas del Código Penal.

Dos décadas después, el patrón vuelve a repetirse, aunque con un giro: el foco ya no está en endurecer penas, sino en reducir la edad de imputabilidad penal. Con un Gobierno que coloca la seguridad como uno de los ejes centrales de su discurso, los crímenes cometidos por adolescentes se convirtieron en el principal detonante de la discusión. Sin embargo, aunque el Ejecutivo podría recurrir a decretos de necesidad y urgencia en otras materias, la Constitución prohíbe expresamente legislar por esa vía en temas penales, lo que obliga a pasar por el Congreso.

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, la baja de la edad de imputabilidad aparece de manera intermitente en la agenda oficial. En 2024, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, admitió que el tema estaba en estudio y dejó entrever una posible reducción de 16 a 14 años. En ese contexto explicó que existen modelos internacionales más flexibles, como el suizo o el inglés, pero señaló su preferencia por un esquema más simple. “A partir de los 14 años”, dijo entonces, es una edad razonable, y aclaró que esa opción coincidía con “casi los 30 proyectos” acumulados en el Congreso.

Crímenes que reactivan el debate

El debate tomó otra dimensión tras el asesinato de Bruno Bussanich, un playero de Rosario, en marzo de 2024. El autor del disparo fue un adolescente de 15 años que actuó como parte de una disputa narco. El hecho generó una fuerte reacción del Gobierno: el vocero presidencial, Manuel Adorni, sintetizó la postura oficial con una consigna tajante —“Delito de adulto, pena de adulto”—, mientras que Patricia Bullrich anunció el envío de una ley de imputabilidad para evitar la impunidad. El propio Milei amplificó el mensaje: “EL QUE LA HACE, LA PAGA”.

Pese a la contundencia discursiva, el proyecto tardó en llegar. Recién en junio de 2024, Cúneo Libarona adelantó que el Gobierno evaluaba bajar la edad incluso a 13 años, citando una seguidilla de delitos cometidos por chicos de esa edad. La presentación formal se realizó a fines de ese mes, con Bullrich y el ministro de Justicia al frente. “Nuestra sociedad no quiere impunidad”, sostuvo la entonces ministra al defender la iniciativa.

El texto ingresó a Diputados en julio y proponía un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años. El debate avanzó con rapidez inicial: se conformó un plenario de comisiones, hubo exposiciones de especialistas y se analizaron los costos fiscales, estimados en más de 200 mil millones de pesos para financiar equipos técnicos e infraestructura. Sin embargo, tras siete reuniones, el tema se frenó y quedó fuera de las sesiones extraordinarias.

El Congreso, el bloqueo y el dictamen fallido

La discusión resurgió en 2025 tras dos casos que volvieron a sacudir a la opinión pública. Primero, el robo sufrido por una jubilada de 93 años en Vicente López, cometido por una banda integrada mayoritariamente por menores, que incluso se fotografiaron con la víctima. Luego, el crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada durante un robo cometido por adolescentes en un semáforo.

Ambos hechos empujaron al Presidente a retomar el tema en la apertura de sesiones ordinarias. Milei reclamó bajar la edad de imputabilidad, agravar penas y avanzar en “la reforma más importante de los últimos cien años”, con críticas directas al gobernador Axel Kicillof. El plenario volvió a reunirse y, en mayo, se logró un dictamen que fijaba la edad en 14 años, eliminaba la figura del inimputable y reducía la pena máxima de 20 a 15 años.

El acuerdo fue amplio, pero frágil. Algunos bloques firmaron en disidencia y otros rechazaron de plano la iniciativa. Aun así, el dictamen nunca llegó al recinto. En medio de una creciente tensión parlamentaria, el oficialismo optó por bloquear sesiones para evitar que la oposición avanzara con temas incómodos, como jubilaciones, la comisión investigadora del caso $LIBRA o la integración de la Auditoría General de la Nación. El resultado fue que el proyecto perdió estado parlamentario.

¿Tercera oportunidad o nueva frustración?

Con el dictamen caído, el Gobierno volvió a insistir en diciembre con un llamado a extraordinarias que incluía una reforma integral del Código Penal. El tema tampoco prosperó. Recién en una segunda convocatoria apareció nuevamente la baja de la edad de imputabilidad, empujada por otro crimen: el asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, en Santa Fe, grabado y viralizado por sus agresores, todos menores.

La secuencia parece calcada, donde un hecho brutal conmueve, el Ejecutivo promete reformas y el Congreso reabre el debate. Con el caso aún reciente y el tema otra vez en el temario, la decisión vuelve a quedar en manos de los legisladores. La gran incógnita es si esta vez la presión social alcanzará para romper el ciclo de anuncios, bloqueos y proyectos caídos, o si la historia volverá a repetirse.